El vídeo dura 50 segundos. Se ve a Gustavo Petro y Deicy Jiménez conversando y besándose. Ella publicó la grabación el 4 de noviembre de 2026; según EL PAÍS, se hizo sin autorización de él. La escena explica el interés público, pero no resuelve el caso.

El beso y la diferencia de edad no son delito. El asunto está en los contratos pagados con dinero público: la denuncia de Jiménez habla de favores sexuales a cambio de contratos, según la denuncia. Fiscalía y Procuraduría examinan posibles irregularidades y responsabilidades dentro de sus competencias. Varias mujeres de izquierda añaden otra cuestión: si hubo abuso de poder, incluso al margen de que se pruebe un delito. Las respuestas están, sobre todo, en SECOP y en el chat difundido por Noticias Caracol.

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Jiménez difunde el vídeo para sostener que existió una relación íntima con Petro. Él rechaza haber utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales. Su defensa cuestiona que una grabación sin fecha, lugar y contexto establecidos pruebe corrupción. Tiene razón en un punto concreto: en esos segundos no aparecen contratos, pagos ni decisiones administrativas.

La intimidad es un derecho. Pero reducir toda la controversia a la vida privada deja fuera los contratos. La pregunta no es con quién se besó Petro, sino por qué determinadas entidades contrataron a Jiménez y si alguien intervino para favorecerla por razones ajenas al trabajo encomendado. Son dos planos distintos. La grabación pertenece al primero; la investigación debe resolver el segundo.

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A finales de octubre, Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), llevó al Congreso una cifra: 48 mujeres que, sostuvo, Petro había instrumentalizado mediante órdenes de prestación de servicios. No presentó una relación comprobable de esas mujeres ni expedientes que demostraran la acusación.

El dato provocó titulares antes de tener respaldo documental. Una OPS es una forma de contratación estatal y no implica irregularidad por sí misma. Tampoco una acusación formulada en sede parlamentaria se convierte por ello en prueba. Ríos tiene la misma obligación de sustentar lo que afirma que cualquier otra persona que denuncie una conducta.

Jiménez expuso su denuncia en una entrevista concedida a Vicky Dávila y difundida por Semana el 25 de octubre. Dávila pidió investigar y proteger a la denunciante; María Fernanda Cabal reclamó revisar las contrataciones. Son exigencias que pueden examinarse sin adoptar la cifra de Ríos ni las conclusiones de ninguna fuerza política.

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En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, aparecen diez contratos de Jiménez, según la consulta publicada por EL PAÍS: siete con el Senado, dos con una dependencia del Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El DAPRE figura en la historia por las declaraciones de su director y por el chat, pero no como undécima contratación en ese recuento.

Los diez registros permiten cambiar de pregunta. ¿Qué servicio debía prestar en cada entidad? ¿Quién solicitó su contratación? ¿Qué informes acreditan su cumplimiento? ¿Quién autorizó las prórrogas y con qué justificación? El expediente administrativo puede responder mucho más que el vídeo.

María José Pizarro, vinculada a una de las contrataciones del Senado, afirmó que Jiménez cumplió sus funciones normalmente. Esa explicación se puede contrastar con los documentos de ejecución. La existencia de un contrato no demuestra un intercambio sexual; tampoco vuelve irrelevante investigar cómo se adjudicó.

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El 5 de noviembre, Noticias Caracol difundió una conversación de diciembre de 2025 entre Petro, entonces presidente, y Angie Rodríguez, directora del DAPRE. En ella aparece un archivo PDF titulado «DeicyJimenez» y un mensaje para mantener a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior. El 6 de noviembre, Rodríguez confirmó a Semana la autenticidad del intercambio y se mostró dispuesta a entregar las conversaciones a la justicia. Esa confirmación no reemplaza un análisis pericial completo.

En agosto de 2025 se había firmado un contrato por 11 millones de pesos, con finalización en diciembre. El 23 de enero de 2026 se suscribió otro por 30 millones, según Caracol. La segunda cifra es 2,73 veces la primera: casi se triplicó el valor total del contrato, no necesariamente el pago mensual. Para comparar remuneraciones habría que examinar duración, funciones y condiciones de ambos.

Aquí está el núcleo del asunto. El chat publicado vincula una comunicación atribuida al presidente con la continuidad contractual de Jiménez. Pero todavía es necesario establecer qué decisión produjo ese mensaje y por qué se tomó. Petro había negado entregar contratos por sexo y escribió que vomitaría si hiciera algo semejante. Tras conocerse el vídeo volvió a negar corrupción. Al cierre de esta edición, 7 de noviembre, no se ha localizado una explicación pública suya o de su defensa que responda específicamente al contenido del chat; EL ESPECTADOR señaló esa ausencia el día 6.

Petro también sugirió que el escándalo buscaba desviar la atención de otros asuntos. Una cortina de humo, incluso si existiera, no aclara si aquello que intenta ocultar es cierto. Del mismo modo, la publicación de mensajes no demuestra por sí sola que se pagaran favores sexuales con recursos públicos.

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La diferencia de edad entre Petro y Jiménez ronda los cuarenta años. No es una infracción ni una medida del consentimiento. Para Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Karol Solís, el dato cobra relevancia en combinación con otra desigualdad: la de un dirigente con influencia institucional frente a una contratista que puede depender de decisiones laborales.

Por eso la discusión también divide a la izquierda. Las tres han insistido, desde enfoques propios, en atender a las asimetrías de poder. Pizarro defendió la regularidad del trabajo en el Senado y reclamó garantías para la denunciante. Iván Cepeda pidió investigar con responsabilidad y respetar el debido proceso. Cada intervención responde a una parte del problema; ninguna sustituye el examen de los contratos.

El Pacto Histórico tardó algo más de un día en reaccionar públicamente tras el vídeo y el chat. Algunas figuras hablaron primero; después, el 6 de noviembre, la bancada de mujeres difundió un comunicado que pidió escuchar la denuncia y abordar las desigualdades de poder. No hubo, por tanto, un silencio absoluto. Hubo una reacción escalonada, mientras otras voces de izquierda ya habían planteado sus críticas.

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Hasta el 7 de noviembre de 2026 no se ha identificado una imputación formal contra Petro por estos hechos en las actuaciones públicas consultadas. La Fiscalía examina posibles delitos relacionados con contratos y funcionarios sin fuero; la Procuraduría, eventuales faltas disciplinarias. La Corte Suprema ha intervenido en diligencias vinculadas a su competencia. Para actos del ejercicio presidencial, el procedimiento constitucional comienza en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. No se ha confirmado la apertura allí de un expediente específico por esta denuncia.

Petro conserva la presunción de inocencia y la denunciante el derecho a que su relato se investigue. El vídeo enseña un beso. SECOP registra contratos. Caracol publicó un chat cuya existencia confirmó una de sus interlocutoras. Falta establecer quién decidió las contrataciones, por qué y con qué finalidad. Esas son las preguntas abiertas.