En marzo de 2019, Pablo Bustinduy hizo algo poco frecuente en política: renunció a una candidatura después de haber ganado las primarias. Lo normal es aferrarse a cualquier puesto con vistas a Bruselas. Él dejó pasar el billete. Tenía por delante unas elecciones europeas y, en lugar de preparar las maletas, comunicó que no seguiría en primera línea. Explicó que no contaba con la «entereza y las fuerzas necesarias» para asumir aquella responsabilidad. Es una explicación menos espectacular que una conspiración, pero tiene la ventaja de ser la suya.

Cuatro años después, en noviembre de 2023, el mismo Bustinduy entró en el Gobierno como ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La política tiene esta costumbre: a veces quien se marcha por la puerta vuelve directamente al despacho. Lo interesante es averiguar qué ocurrió entre una escena y otra, y qué ha hecho desde entonces con las atribuciones del cargo.

El poder, antes de aprender a perderlo

En casa no era un desconocido. Su madre, Ángeles Amador, había sido ministra de Sanidad con Felipe González entre 1993 y 1996. Su padre, Javier Bustinduy, fue un ingeniero vinculado al desarrollo ferroviario de Cercanías. Un ministerio y una red de trenes: dos maneras bastante tangibles de organizar la vida de los demás. Pero tener familiares con responsabilidades públicas no explica por sí solo una carrera ni demuestra que se herede un cargo.

Bustinduy estudió Ciencias Políticas en Madrid, amplió estudios en París y se doctoró en Filosofía en Nueva York. La universidad iba a ocupar un lugar importante en su vida, incluso cuando se dedicó a la política profesional. En los primeros años de Podemos coordinó la delegación europea del partido y después asumió su área internacional. En 2015 fue elegido diputado por Madrid.

En aquel partido convivían varias ideas sobre cómo llegar al poder y, sobre todo, sobre quién debía conducirlo. Bustinduy trabajó inicialmente cerca de Pablo Iglesias, pero en Vistalegre II, en 2017, figuró en el equipo de Íñigo Errejón. Cuando la pugna interna terminó favoreciendo a Iglesias, no desapareció de inmediato: conservó responsabilidades y llegó a ganar las primarias para encabezar la lista europea. La retirada de 2019, en plena fractura de Podemos, puso fin a aquella etapa institucional. Que ambas circunstancias coincidieran está documentado; atribuirle una única causa personal sería más atrevido.

La segunda invitación

Después regresó a las aulas y a la investigación. Enseñó e investigó en universidades estadounidenses y europeas, entre ellas instituciones de Nueva York y Milán. Si la política española se había convertido en una disputa entre antiguos compañeros, desde fuera podía dedicar su tiempo a algo bastante menos urgente que una rueda de prensa: pensar y escribir. En 2024 publicaría dos trabajos académicos y ensayísticos, uno de ellos junto a Jorge Lago.

La invitación para regresar llegó desde el proyecto de Yolanda Díaz. En 2023 se incorporó al equipo de campaña de Sumar, centrado en política internacional. Su entrada posterior en el Gobierno no fue una elección directa como diputado: fue un nombramiento ministerial. Además, se produjo en medio del desencuentro entre Sumar y Podemos por la composición del Ejecutivo. Bustinduy sustituyó a Ione Belarra al frente de Derechos Sociales. Las relaciones que antes le habían situado entre dos corrientes de Podemos pasaban ahora por otra alianza.

Del seminario a las multas

Y aquí aparece el contraste más revelador. El filósofo de los conceptos universales pasó a ocuparse de cosas bastante específicas: cuánto puede cobrar una aerolínea por una maleta, qué se sirve en el comedor de un colegio o qué protección ofrece la Administración a una persona dependiente. La teoría política no desapareció; tuvo que convivir con expedientes, competencias y presupuestos.

En noviembre de 2024, Bustinduy confirmó sanciones administrativas a cinco compañías aéreas por un total de 178,9 millones de euros, relacionadas, entre otras prácticas, con suplementos por el equipaje de mano y por sentar juntos a acompañantes y menores o personas dependientes. Fue una de las actuaciones más visibles de su ministerio. Conviene no confundir una sanción administrativa con el cobro definitivo de su importe: las empresas podían discutir las resoluciones ante los tribunales.

También su departamento impulsó la regulación de los comedores escolares saludables y abrió investigaciones y expedientes sobre prácticas de comercialización de viviendas turísticas. Estas medidas dicen algo sobre su ejercicio del poder: ha buscado intervenir en conflictos cotidianos entre consumidores y empresas, donde la Administración no necesita ganar una discusión filosófica para exigir el cumplimiento de una norma. Otra cosa es la eficacia final de cada medida, que depende de su ejecución y, en determinados casos, de la revisión judicial.

En dependencia, el desafío es menos fotogénico. Las prestaciones, las listas de espera y la coordinación con las comunidades autónomas no caben en una sola firma. En noviembre de 2026 defendió nuevas medidas de protección de familias monoparentales y de reducción de los plazos de resolución de solicitudes. Ahí, como en los cuidados, el resultado no se mide por el anuncio, sino por lo que cambia para quien espera.

Al Bustinduy que abandonó una candidatura europea se le podía pedir que explicara por qué se iba. Al ministro de hoy se le puede pedir algo más comprobable: qué decisiones ha tomado y qué consecuencias han tenido. Bruselas se quedó en 2019 sin aquel candidato. Los pasajeros, las familias y los usuarios de servicios sociales tienen ahora motivos mucho más inmediatos para saber qué hace con su cartera.

Fuentes: RTVE, renuncia de 2019; RTVE, nombramiento en 2023; La Moncloa, ficha oficial; Ministerio, sanciones aéreas; La Moncloa, Consejo de Ministros de 10-11-2026.