Antes de que Isabel Díaz Ayuso llegara a la Puerta del Sol, hubo un perro con Twitter. Se llamaba Pecas, pertenecía a Esperanza Aguirre y publicaba mensajes tan entusiastas sobre su dueña que no hacía falta estudiar zoología para descubrirle las preferencias políticas. Los tuits terminaban a veces con un «GUAU». En mayo de 2019, Aguirre confirmó públicamente que Ayuso había creado y gestionado aquella cuenta, además de ocuparse de sus redes. Una futura presidenta autonómica había aprendido a hablar en nombre de alguien que ni siquiera podía discutirle una coma.

La anécdota es divertida. También sirve para poner fecha a una experiencia real: cuando Ayuso todavía no era el rostro omnipresente de Madrid, llevaba años trabajando en comunicación política. Licenciada en Periodismo, afiliada al PP desde 2005, trabajó en gabinetes y campañas, fue diputada autonómica desde 2011 y viceconsejera en 2017. No apareció de la nada. Lo que ocurrió después fue que el público empezó a verla de golpe.

La candidata que perdió y acabó gobernando

En enero de 2019, Pablo Casado, recién convertido en líder del PP, la eligió candidata a la Comunidad de Madrid. Era una apuesta personal por alguien bastante menos conocido que él. Las urnas no la convirtieron en ganadora: el PP consiguió 30 escaños y quedó detrás del PSOE, que obtuvo 37. Ayuso, sin embargo, llegó a la presidencia en agosto gracias a un acuerdo con Ciudadanos y al apoyo de Vox. La primera paradoja de su carrera como jefa del Gobierno fue esa: asumió el mando después de perder las elecciones.

El Ejecutivo de coalición con Ignacio Aguado no fue un matrimonio cómodo. Había discrepancias y una pandemia que dejó poco espacio para ensayar. Ayuso eligió una bandera política reconocible: mantener abierta buena parte de la actividad económica y oponerse a determinadas restricciones del Gobierno central. La palabra «libertad» se convirtió en consigna electoral, especialmente frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El mensaje era sencillo de recordar; las decisiones sanitarias, bastante menos sencillas de juzgar.

El día que se jugó el despacho

El 10 de marzo de 2021, después de que PSOE y Ciudadanos presentaran una moción de censura en Murcia contra el presidente popular de aquella región, Ayuso decidió disolver la Asamblea madrileña y convocar elecciones. Dijo temer una operación semejante en Madrid. No esperó a comprobar si su socio daría el paso: rompió la coalición y llevó a todos a las urnas. En política, a veces la audacia se parece mucho a no dejar que el otro termine la frase.

El riesgo existía. El resultado también: el 4 de mayo de 2021 el PP pasó de 30 a 65 escaños, según el escrutinio definitivo. Le faltó la mayoría absoluta, pero la distancia respecto al resto de partidos le dio una autoridad nueva. La candidata que había necesitado a Ciudadanos para gobernar pudo formar un Ejecutivo del PP en solitario. Dos años más tarde lograría 70 diputados y la mayoría absoluta, de acuerdo con el acta electoral definitiva de 2023.

No basta, por tanto, con decir que Ayuso domina los titulares. Ganó votos y escaños. Eso explica por qué su posición dentro del partido dejó de depender exclusivamente de quien la había escogido.

Casado: cuando la protegida dejó de necesitar protección

Lo extraordinario llegó en febrero de 2022. Casado había convertido a Ayuso en candidata; ahora ambos disputaban el control del PP madrileño y se enfrentaban por un contrato de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, había cobrado 55.850 euros por servicios prestados a la empresa adjudicataria, según explicó ella. La dirección del PP pidió aclaraciones, mientras Ayuso denunció maniobras contra su familia. Las acusaciones de un supuesto espionaje circularon públicamente, sin que ello permita darlas por probadas.

La ruptura fue pública, rápida y feroz en términos orgánicos. El partido abrió un expediente informativo a Ayuso; dirigentes territoriales retiraron su confianza a Casado; el presidente nacional terminó dejando el liderazgo en el congreso extraordinario de abril. Años de amistad política no resistieron aquella semana. Y la mujer que había llegado a candidata por decisión de Casado salió de la crisis con el control del PP madrileño a su alcance.

Había una cuestión jurídica que no debía resolverse a gritos en la sede del partido. La Fiscalía Europea archivó en marzo de 2023 su investigación sobre el contrato de mascarillas, al no hallar indicios suficientes de delito en el ámbito investigado. El archivo es un dato indispensable. También lo es distinguirlo de la disputa política que el caso ya había desencadenado.

La otra cara de la libertad

Durante la pandemia, Madrid mantuvo una actividad hostelera que se convirtió en signo distintivo de la gestión de Ayuso. Para sus partidarios, aquello salvó negocios y preservó formas de vida. Para sus críticos, el Gobierno asumió riesgos sanitarios inaceptables. Hubo además una controversia de consecuencias mucho más graves: los protocolos que restringían la derivación hospitalaria de determinados residentes de centros de mayores, en medio de miles de fallecimientos.

Seis años después, las familias seguían reclamando investigaciones judiciales. En octubre de 2026, asociaciones de afectados denunciaban retrasos y el riesgo de prescripción de las causas. Que una asociación formule una denuncia no equivale a que un tribunal haya determinado responsabilidades penales. Pero tampoco hace desaparecer las preguntas sobre aquellas decisiones administrativas. El eslogan «libertad» podía caber en una pancarta; la gestión de una residencia exigía algo más que una pancarta.

Lo personal llama a la puerta

El precio de una figura política tan reconocible es que acaba leyendo su vida privada en las páginas de actualidad. En 2024 saltó a los medios la investigación fiscal sobre Alberto González Amador, entonces conocido públicamente como pareja de Ayuso. El empresario quedó pendiente de juicio por presuntos delitos fiscales y falsedad documental relacionados con ejercicios de 2020 y 2021. En octubre de 2026 continuaba, además, una investigación separada sobre sus negocios relacionados con Quirón Prevención. Ayuso no figuraba como acusada en esos procedimientos. Confundir el círculo privado de una gobernante con una imputación personal sería un atajo, y no uno admisible.

La relación también ha sido objeto de informaciones sobre una posible ruptura, sin confirmación pública de sus protagonistas. Para contar a Ayuso resulta más revelador observar su respuesta pública a la controversia que especular sobre conversaciones domésticas inaccesibles. La presidenta ha denunciado reiteradamente una persecución contra su entorno; sus adversarios han exigido explicaciones políticas. Son posiciones documentables, no ventanas abiertas a su intimidad.

De escribir los tuits de otro a contar su propia historia

La comunicación volvió a aparecer en el otoño de 2026, esta vez de una manera distinta. La editorial Planeta anunció para el 2 de diciembre Íntimo, un libro de memorias de Ayuso sobre su infancia y su experiencia política. La antigua responsable de redes sociales preparaba así su propio relato, con su nombre en la cubierta. No podía haber mejor distancia entre aquellos dos extremos: primero inventó una voz para el perro de Aguirre; después quiso decidir qué versión de su vida llegaría a las librerías.

Entre uno y otro episodio hay elecciones ganadas, pactos rotos, aliados convertidos en adversarios y decisiones de gobierno que merecen examen. Una cosa resulta difícil de discutir: la política que empezó administrando la voz ajena aprendió a hacer que una parte del país escuchara la suya. El viejo «GUAU» quedó atrás. Ahora los mensajes llegan desde la Puerta del Sol.