El progreso ha dado una vuelta inesperada: quienes debían dejar paso sostienen ahora a quienes vienen detrás.

La generación del baby boom creció bajo una promesa bastante razonable. Estudiar, trabajar, formar una familia, comprar una vivienda y alcanzar una jubilación digna constituían las etapas previsibles de una vida. Naturalmente, aquel itinerario nunca estuvo al alcance de todos. Pero existía una confianza compartida en que el esfuerzo permitiría avanzar y en que los hijos llegarían más lejos que sus padres.

Medio siglo después, esa confianza empieza a parecer un recuerdo de familia.

Según los datos del INE correspondientes a 2025, el 44,3 % de los españoles de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres. Eurostat sitúa la edad media de emancipación en España alrededor de los treinta años. Lo que antes representaba la entrada en la vida adulta se ha convertido en un cálculo económico cuyo resultado, demasiadas veces, aconseja permanecer en la habitación de la adolescencia.

La libertad de elegir sigue intacta. Lo que escasea son las posibilidades de ejercerla.

De cambiar el mundo a conservarlo

En mayo de 1968, los estudiantes franceses levantaron barricadas en París para discutir la autoridad de sus mayores y reclamar una sociedad distinta. Aquella rebelión, cuya trascendencia cultural superó sus resultados políticos inmediatos, convirtió a la juventud en símbolo del porvenir. Los jóvenes no pedían permiso para heredar el mundo. Querían transformarlo.

En 2023, Francia volvió a llenar sus calles. Esta vez, la decisión del Gobierno de Emmanuel Macron de elevar de 62 a 64 años la edad legal de jubilación movilizó a trabajadores de todas las generaciones.

Entre ambas fotografías transcurre algo más que medio siglo. Cambia también la dirección de las preocupaciones colectivas. La primera generación exigía un futuro diferente; la segunda defendía las condiciones en que esperaba terminar su vida laboral.

Sería injusto reducir esas protestas a un enfrentamiento entre jóvenes y viejos. Pero resulta difícil ignorar que las democracias europeas envejecen y que su aritmética electoral envejece con ellas. Los pensionistas constituyen un grupo numeroso, con intereses reconocibles y derechos cuya protección tiene consecuencias electorales inmediatas. Las necesidades juveniles, en cambio, suelen formularse como objetivos a largo plazo: facilitar el acceso a la vivienda, mejorar los salarios, combatir la precariedad.

Una pensión se actualiza en una fecha determinada. La independencia de un joven puede esperar indefinidamente sin que ningún ministerio tenga que explicar el retraso.

La pensión que sostiene la casa

Un profesor madrileño que protestaba por sus condiciones laborales reconocía que quizá tendría que pedir dinero prestado a su padre. Había estudiado, trabajaba y cobraba un salario. Le faltaba lo que durante décadas se consideró la consecuencia natural de reunir esas tres condiciones: poder mantenerse por sí mismo.

Una jubilada ofrecía la otra cara de la misma realidad. La pensión de su marido contribuía al sostenimiento de hijos, nietos y bisnietos. Aquellos mayores, que habían llegado a la jubilación después de una vida de trabajo, seguían desempeñando una función económica esencial dentro de la familia.

Los dos testimonios describen una transformación de considerable alcance. El Estado paga una pensión a quien ha terminado su vida laboral, y una parte de ese dinero acaba sosteniendo a personas que todavía trabajan o deberían estar construyendo su propia independencia.

El salario ha dejado de cumplir, en numerosos hogares, una de sus funciones elementales. La familia cubre la diferencia.

De ahí nace una paradoja que rara vez aparece con claridad en los debates públicos. Se discute sobre la sostenibilidad de las pensiones como si sus beneficiarios y los jóvenes pertenecieran a economías separadas. Sin embargo, reducir los ingresos de muchos jubilados significaría reducir también la ayuda que reciben sus descendientes.

La dependencia funciona en ambas direcciones, aunque no con las mismas consecuencias. Los mayores necesitan que los trabajadores de hoy sostengan el sistema de pensiones. Una parte de esos trabajadores necesita que los pensionistas de hoy sostengan su economía doméstica.

Se ha formado así un circuito de protección familiar que atenúa las consecuencias de un desequilibrio sin corregir sus causas. Una sociedad capaz de proporcionar cierta seguridad económica al final de la vida encuentra crecientes dificultades para ofrecerla al principio de la edad adulta.

Y ha terminado por confiar a los abuelos una parte de la solución.

Cuando el mañana perdió su prestigio

Durante buena parte del siglo XX, la idea de progreso estuvo asociada a una promesa de continuidad. Cada generación recibiría un mundo imperfecto y dispondría de mejores instrumentos para corregirlo. La educación ampliaría las oportunidades; el crecimiento económico elevaría el bienestar; los avances científicos permitirían superar limitaciones consideradas inevitables.

En 1979, Jean-François Lyotard publicó La condición posmoderna, donde examinaba la pérdida de credibilidad de los grandes relatos que habían servido para interpretar el desarrollo de las sociedades modernas.

La desconfianza intelectual hacia aquellas promesas tuvo su propia historia. La desconfianza material llegó por caminos bastante menos filosóficos: empleos inseguros, vivienda inaccesible y salarios que no siempre permiten abandonar el hogar paterno.

La coincidencia tiene algo de ironía histórica. Nunca se ha hablado tanto de innovación, transformación y futuro. Cada avance tecnológico anuncia una nueva época. La inteligencia artificial promete modificar el trabajo, la economía y nuestras costumbres. Entretanto, una parte de los jóvenes sigue intentando resolver una cuestión que sus abuelos consideraban bastante más sencilla: encontrar una casa que puedan pagar.

La tecnología cambia de generación cada pocos meses. La emancipación personal puede aplazarse durante años.

Quizá por eso el futuro ha perdido parte de su antiguo prestigio. Resulta difícil confiar en las grandes promesas del mañana cuando las necesidades más corrientes del presente permanecen sin resolver.

La herencia, adelantada

Las prestaciones de vejez representan una parte muy importante del gasto europeo en protección social. Las proyecciones de la OCDE, además, anticipan un aumento del gasto español en pensiones durante las próximas décadas.

Ese crecimiento no explica por sí solo el encarecimiento de la vivienda ni la precariedad del empleo. Los problemas tienen causas distintas y requieren respuestas específicas. Pero todos terminan encontrándose en un mismo lugar: los presupuestos públicos, donde las necesidades compiten por recursos limitados.

La cuestión generacional aparece entonces en toda su complejidad.

Quienes han alcanzado la jubilación cuentan con derechos reconocidos y una trayectoria económica, por modesta que sea, parcialmente resuelta. Quienes empiezan necesitan condiciones que les permitan construir la suya. Unos defienden lo conseguido; otros reclaman la oportunidad de conseguirlo.

La edad, por supuesto, no determina la riqueza. Hay pensionistas que apenas llegan a fin de mes y jóvenes que disfrutan de patrimonios familiares importantes. La desigualdad social atraviesa todas las generaciones. Pero esa evidencia no elimina el problema colectivo: la seguridad conquistada por una parte de la población convive con la inseguridad creciente de otra.

Tampoco existe una solución razonable que consista en enfrentar sus necesidades. Los jóvenes que hoy cuestionan el gasto futuro en pensiones esperan cobrar las suyas algún día. Y los jubilados que defienden sus ingresos saben que una reducción de estos podría perjudicar a sus propios hijos.

Tal vez el cambio más significativo se esté produciendo lejos del Parlamento, sin declaraciones ni reformas legislativas.

Durante generaciones, los padres ayudaron a sus hijos a estudiar, encontrar trabajo y establecerse. Después llegaba una etapa en que cada cual mantenía su propia casa. La herencia, cuando la había, pertenecía al último capítulo de aquella relación económica.

Ahora, en muchas familias, la herencia se está cobrando por adelantado. Adopta la forma de una mensualidad para el alquiler, una transferencia bancaria, la entrada de una vivienda o una compra semanal pagada con la pensión del abuelo.

La solidaridad familiar permite resolver dificultades que de otro modo serían insoportables. Pero también disimula una insuficiencia que debería preocuparnos: la economía necesita cada vez más la ayuda de quienes dejaron de trabajar para sostener a quienes todavía trabajan.

La generación que quiso cambiar el mundo ha terminado financiando, en parte, la supervivencia de sus descendientes dentro de él. No parece exactamente el progreso que unos imaginaron ni el que otros esperaban heredar.

Los jóvenes todavía tienen toda la vida por delante. Lo difícil es encontrar dónde ponerla.

Fuentes: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2025; Eurostat, indicadores de emancipación y prestaciones sociales; OCDE, Estudio económico de España 2025; testimonios recogidos en el reportaje que sirvió de base al borrador original; Jean-François Lyotard, La condición posmoderna (1979).