La guillotina no necesitaba que la perfeccionaran. Funcionaba admirablemente. Lo que necesitaba perfeccionarse era el procedimiento para llevar hasta ella a los ciudadanos. De eso se ocupó la Convención Nacional francesa el 10 de junio de 1794, bajo la presidencia de Maximilien Robespierre, un hombre tan entregado a la virtud que había terminado por considerar la muerte ajena uno de sus instrumentos administrativos.
La ley aprobada aquel día tenía la elegancia de las soluciones definitivas: menos abogados, menos testigos, menos trámites. Dos desenlaces para el acusado: absolución o muerte. Se eliminaban las molestias procesales que separaban una sospecha de una ejecución. La justicia revolucionaria había descubierto que la mejor manera de combatir la impunidad consistía en reducir las posibilidades de defensa.
Cuarenta y ocho días después, Robespierre fue guillotinado.
La historia tiene cierta inclinación por las simetrías, aunque pocas veces consigue una tan perfecta. Y conviene no estropearla con una falsedad: Robespierre no murió por aplicación de aquella misma ley, sino mediante otro procedimiento sumario. La precisión jurídica no disminuye la ironía. La hace todavía más indecente.
El Incorruptible y sus incorruptibles principios
Robespierre no empezó siendo un monstruo. Empezó siendo algo bastante más peligroso cuando se combina con el poder: un hombre convencido de su propia rectitud.
Abogado de Arrás, austero, disciplinado, enemigo de los privilegios hereditarios, defensor de la igualdad jurídica y de la soberanía popular, reunía numerosas cualidades de las que suelen recomendarse a los gobernantes. No era un libertino ni un saqueador del erario. Sus partidarios lo llamaban el Incorruptible, un sobrenombre formidable que terminó funcionando como una absolución anticipada.
En 1791 había defendido la abolición de la pena de muerte. Sostenía que el Estado no debía atribuirse el derecho de matar. Tres años después respaldaba un régimen de excepción que multiplicaba las ejecuciones.
¿Había cambiado de principios? No necesariamente. Había cambiado algo más grave: la interpretación de lo que sus principios le permitían hacer.
Francia estaba en guerra contra potencias extranjeras, sufría insurrecciones interiores y vivía entre conspiraciones auténticas, amenazas exageradas y enemigos convenientemente imaginados. No era una situación inventada para justificar la represión. El peligro existía. Lo que no existía era una obligación lógica de convertir cualquier medida represiva en virtuosa por el mero hecho de adoptarla contra un peligro verdadero.
Robespierre encontró una salida intelectualmente confortable: si la República encarnaba la virtud, cuanto se hiciera para salvarla participaría de aquella virtud.
Con semejante razonamiento, la conciencia podía dormir mientras trabajaba el verdugo.
El matrimonio de la virtud y el terror
El 5 de febrero de 1794, Robespierre expuso ante la Convención su concepción del gobierno revolucionario. La virtud necesitaba del terror; el terror debía ser una manifestación de la justicia. La violencia política recibía así un certificado de buena conducta expedido por quien la ejercía.
Era una operación intelectual de extraordinario rendimiento.
Hasta entonces, matar podía constituir una necesidad trágica, un crimen o una injusticia. Robespierre encontró una categoría superior: matar por virtud.
La cuestión no consistía en defender el terror como un mal inevitable. Consistía en incorporarlo a la moral. La violencia ya no manchaba las manos del gobernante; acreditaba su compromiso con los principios. La sangre dejaba de ser una objeción para convertirse en una prueba de firmeza.
El mecanismo era impecable: si somos virtuosos, nuestro terror también lo es. Y si alguien se opone a nuestro terror, será porque no comprende la virtud o porque está contra ella.
Se cerraba el razonamiento por ambos extremos. Una puerta daba a la razón; la otra, al cadalso.
El error decisivo de Robespierre no fue defender la virtud. Fue concederle competencias de tribunal penal.
Porque la virtud, cuando se administra desde el Gobierno, tiene una dificultad insuperable: necesita que alguien determine quién la posee. Y ese alguien suele encontrarse, por una de esas coincidencias que tanto abundan en la historia política, entre quienes mandan.
La ley que estorbaba menos a la muerte
El 10 de junio llegó la gran simplificación.
Georges Couthon presentó la ley del 22 de pradial del año II, respaldada por Robespierre, que transformaba el funcionamiento del Tribunal Revolucionario. Se restringía la defensa, se permitía prescindir de testigos cuando los jueces considerasen suficientes las pruebas y se ampliaba la definición de enemigo del pueblo hasta alcanzar conductas, expresiones y escritos susceptibles de interpretación contrarrevolucionaria.
No era necesario demostrar que alguien había derribado la República. Bastaba, en determinados supuestos, con atribuirle la intención de perjudicarla.
He aquí uno de los grandes descubrimientos del poder ideológico: los hechos son limitados; las intenciones que se pueden atribuir a los demás, infinitas.
Un crimen exige pruebas. Una enemistad con el pueblo puede deducirse de una frase, de una amistad, de una sospecha o de la imaginación del acusador. Y cuanto más indefinida resulta la acusación, más amplia es la clientela del verdugo.
La ley aceleró los procedimientos y las ejecuciones se multiplicaron durante el llamado Gran Terror.
La República había declarado los derechos del hombre y, cinco años después, había encontrado la manera de que algunos hombres murieran sin poder ejercerlos.
No hacía falta derogar solemnemente los principios. Bastaba con suspender su aplicación a quienes se declarase indignos de disfrutarlos.
La operación permitía conservar intacta la retórica de la libertad mientras desaparecían sus garantías. Una economía política admirable: se ahorraban derechos sin reducir el presupuesto de las proclamas.
Cuando los virtuosos empezaron a sospechar
Las revoluciones que se alimentan de enemigos terminan por padecer una dificultad de abastecimiento. Una vez eliminados los adversarios conocidos, hay que descubrir otros nuevos.
Los girondinos habían sido apartados y perseguidos. Los dirigentes vinculados a Hébert y Danton habían pasado por la guillotina. La depuración se convirtió en un método de gobierno y, como todos los métodos, exigía continuidad.
Lo inquietante no era que Robespierre tuviera enemigos. Era que nadie podía estar seguro de no convertirse en uno.
Los diputados de la Convención, tan dispuestos a prescindir de las garantías procesales cuando se trataba de otros, comenzaron a considerar el asunto con renovado interés cuando advirtieron que el mecanismo también podía alcanzarlos.
La perspectiva del cadalso suele despertar una inesperada sensibilidad constitucional.
En julio, Robespierre denunció nuevas conspiraciones sin identificar con claridad a todos los presuntos culpables. Fue un error político decisivo. Sus adversarios pudieron discrepar sobre casi todo, excepto sobre la conveniencia de impedir que el Incorruptible decidiera quién debía morir a continuación.
La virtud había conseguido lo que parecía imposible: unir a sus enemigos.
No por una súbita reconciliación ideológica. Por un elemental instinto de conservación.
La cabeza del Incorruptible
El 27 de julio de 1794, 9 de termidor, la Convención se volvió contra Robespierre. Los diputados interrumpieron a sus partidarios, exigieron su detención y acabaron por imponerse.
La crisis continuó en París, donde las autoridades municipales intentaron sostener a los robespierristas. La resistencia fracasó. Robespierre sufrió una grave herida de bala en la mandíbula, cuyo origen exacto sigue siendo discutido.
Al día siguiente fue conducido ante el Tribunal Revolucionario para la identificación formal de los detenidos. Habían sido declarados fuera de la ley y no disponían de un proceso ordinario en el que defenderse.
El hombre que había respaldado la supresión de garantías comparecía ahora ante un poder que tampoco consideraba necesario garantizárselas.
La diferencia técnica merece conservarse: Robespierre no fue condenado mediante la ley del 22 de pradial. Su ejecución se produjo por el procedimiento derivado de la declaración de fuera de la ley. No fue, por tanto, víctima literal de su propia disposición.
Fue víctima de algo más amplio y más revelador: una concepción del poder revolucionario en la que la urgencia de salvar la República podía prevalecer sobre el derecho del acusado a defenderse.
El 28 de julio, en la plaza de la Revolución, la guillotina terminó su trabajo.
El Incorruptible había llegado sin corromperse al extremo de una política que había contribuido a convertir la muerte en instrumento de regeneración moral.
Se podía perder la cabeza sin perder los principios. Él acababa de demostrarlo.
La coartada de la conciencia
Más de un siglo después, Max Weber distinguiría entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. No se trataba de recomendar políticos sin principios, sino de recordar que la fidelidad a unos principios no exime de responder por las consecuencias de los actos.
La distinción resulta particularmente incómoda para quienes confunden la pureza de sus intenciones con la bondad de sus decisiones.
Robespierre constituye un ejemplo formidable, aunque sería históricamente tramposo atribuirle en exclusiva el Terror. Ni gobernaba solo ni había inventado las guerras, las insurrecciones o las amenazas que padecía Francia. La Revolución era una empresa colectiva y sus crímenes también tuvieron muchos responsables.
Pero compartir la responsabilidad no equivale a disolverla.
Ese es, precisamente, el problema que Weber permite iluminar: la convicción puede convertirse en una coartada cuando quien gobierna se declara responsable únicamente de sus propósitos y atribuye los desastres a la maldad del mundo, a la incomprensión de sus contemporáneos o a la resistencia de los enemigos.
Si el experimento sale bien, triunfan los principios. Si sale mal, los principios continúan siendo irreprochables: lo que ha fallado es la humanidad.
Un sistema moral en el que su propietario nunca pierde.
La tragedia de Robespierre no demuestra que la virtud conduzca necesariamente al crimen. Demuestra algo más preciso y más inquietante: que la certeza de actuar virtuosamente puede destruir los límites que deberían imponerse incluso a las causas justas.
La justicia necesita garantías porque los jueces pueden equivocarse. La política necesita límites porque los gobernantes pueden abusar. La conciencia necesita dudas porque las buenas intenciones no resucitan a los muertos.
Nada de eso parece especialmente difícil de entender. Y, sin embargo, hay una tentación política que sobrevive a todos los regímenes: considerar que la bondad de una causa autoriza cualquier procedimiento destinado a imponerla.
Robespierre creyó haber encontrado la manera de reconciliar la virtud con la guillotina.
El 28 de julio de 1794, la guillotina le dio la razón.
También podía funcionar sin virtud.
