Hay una forma especialmente cómoda de equivocarse: hacerlo en nombre de una buena causa. Si todo sale bien, el mérito corresponde a quien tuvo la idea. Si todo sale mal, la culpa es de quienes no supieron entenderla, aplicarla o agradecerla. La convicción permanece intacta. La realidad, una vez más, no ha estado a la altura.
Este mecanismo tiene una ventaja formidable: permite fracasar sin sentirse responsable del fracaso. Y una segunda, todavía más atractiva: convierte cualquier crítica en una sospecha de inferioridad moral. Quien cuestiona los resultados no solo discute una decisión; parece estar atacando los nobles principios que la inspiraron.
El sociólogo alemán Max Weber advirtió de esta trampa hace más de un siglo. En La política como vocación, de 1919, distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Quien se guía exclusivamente por la primera puede considerar que ha cumplido con su deber por mantenerse fiel a sus principios, aunque las consecuencias sean desastrosas. El segundo se pregunta qué efectos previsibles tendrán sus decisiones y acepta responder por ellos.
Parece una distinción elemental. La experiencia política demuestra lo difícil que resulta practicarla.
La maravillosa inocencia de los convencidos
Imaginemos una medida política destinada a mejorar la vida de los ciudadanos. Sus promotores proclaman objetivos impecables: justicia, igualdad, seguridad, libertad. Nadie podría reprocharles semejantes aspiraciones.
La medida se aplica. Los resultados contradicen las previsiones. Aparecen costes imprevistos, perjudicados que nadie había considerado y problemas que las advertencias iniciales ya anunciaban.
¿Qué sucede entonces?
Podrían reconocer que confundieron sus deseos con las posibilidades, que calcularon mal o que ignoraron información relevante. Podrían incluso admitir que el adversario tenía razón en alguna de sus objeciones.
Pero existe una salida menos dolorosa: declarar que la idea era excelente y que el mundo la estropeó.
La reforma no falló; fue insuficiente. El programa no era equivocado; se ejecutó incorrectamente. Los ciudadanos no respondieron como debían. Las instituciones obstaculizaron el cambio. Los especialistas no comprendieron su alcance. Siempre queda alguien a quien enviar la factura.
Lo extraordinario es que esta explicación puede repetirse indefinidamente. Una teoría que atribuye todos sus éxitos a sus virtudes y todos sus fracasos a factores externos acaba adquiriendo una propiedad extraordinaria: resulta imposible demostrar que está equivocada.
Y, por supuesto, también resulta imposible corregirla.
Los principios no son un seguro contra terceros
Hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse deliberadamente. Defender una convicción legítima no garantiza acertar en los medios utilizados para realizarla. Una causa justa puede justificar una intervención; no convierte automáticamente en acertada cualquier intervención emprendida en su nombre.
La intención responde a una pregunta: ¿qué queríamos conseguir?
La responsabilidad exige otras dos: ¿qué hicimos para conseguirlo y qué razones teníamos para prever sus consecuencias?
Quien gobierna no trabaja exclusivamente con ideales. Trabaja con presupuestos, incentivos, instituciones, intereses contradictorios y personas que no tienen ninguna obligación de comportarse como los personajes imaginarios de sus discursos.
Por eso una política no puede juzgarse únicamente por la belleza de sus propósitos. También importa lo que hace con la vida de quienes tienen que soportarla.
Es posible defender la igualdad y producir nuevas desigualdades. Defender la libertad y construir mecanismos de vigilancia. Prometer protección y establecer una tutela asfixiante. Las contradicciones no demuestran necesariamente mala fe; demuestran que entre las intenciones y los resultados existe un territorio que no desaparece por pronunciar palabras admirables.
Y ese territorio se llama realidad.
El enemigo indispensable
Existe otro aspecto particularmente revelador. Cuando una doctrina necesita preservar su inocencia frente a cualquier resultado, el adversario se vuelve imprescindible.
Si el proyecto triunfa, demuestra la superioridad de sus principios. Si fracasa, demuestra la perversidad de quienes se opusieron a él.
Así, el fracaso deja de ser un motivo para revisar las decisiones y se transforma en una nueva acusación contra los discrepantes.
Este mecanismo no pertenece en exclusiva a la izquierda, a la derecha ni a una ideología determinada. Puede funcionar en cualquier organización que convierta sus principios en una prueba automática de acierto.
El problema no es tener convicciones fuertes. Sin ellas, la política terminaría siendo una administración oportunista de circunstancias. El problema aparece cuando la fidelidad a una idea se utiliza para eludir la obligación de comprobar si funciona.
El filósofo Karl Popper defendió, desde la epistemología y la filosofía política, la importancia de someter las ideas a la crítica y mantener abierta la posibilidad de corregir errores. No estaba proponiendo que gobernar fuese un experimento de laboratorio. Pero su planteamiento permite reconocer un vicio común a muchas doctrinas: considerar toda objeción una amenaza y toda rectificación una traición.
La corrección del error exige una operación intelectualmente sencilla y psicológicamente costosa: admitir que nuestras certezas pueden estar equivocadas.
La responsabilidad comienza donde termina la excusa
Weber no proponía abandonar los ideales para sustituirlos por el cálculo de conveniencias. De hecho, consideraba que convicción y responsabilidad podían complementarse. Una política sin principios carece de orientación; una política sin responsabilidad puede acabar sacrificando a los ciudadanos en nombre de esos mismos principios.
Tampoco exigía acertar siempre. Nadie conoce todas las consecuencias de sus actos. Hay decisiones razonables que fracasan y decisiones imprudentes que, por fortuna, salen bien. Confundir responsabilidad con infalibilidad sería cometer el error contrario.
La diferencia está en qué hacemos con lo que sabemos, con lo que podíamos saber y, sobre todo, con lo que descubrimos después.
Un dirigente responsable puede equivocarse. Lo que no puede hacer es utilizar la pureza de sus intenciones para declararse ajeno a los daños previsibles que ocasionaron sus decisiones.
Hay algo profundamente revelador en esta costumbre de reclamar el mérito por los propósitos y rechazar la responsabilidad por los resultados. Supone otorgarse el derecho exclusivo a definir qué cuenta como éxito y quién debe responder por el fracaso.
En la política, las buenas intenciones tienen un prestigio extraordinario. Son fáciles de proclamar, difíciles de medir y prácticamente imposibles de embargar.
Las consecuencias, en cambio, siempre encuentran a alguien que las pague.
Y no suele ser quien pronunció el discurso.
Fuentes: Max Weber, La política como vocación (1919); Stanford Encyclopedia of Philosophy: Max Weber; Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos (1945).
