Navi Pillay - Navanethem Pillay

Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, nació en Clairwood, un barrio de Durban, Sudáfrica, el 23 de septiembre de 1941. Jurista y defensora de los derechos humanos, pasó de combatir el apartheid en los tribunales sudafricanos a juzgar crímenes internacionales y dirigir la política de derechos humanos de las Naciones Unidas. El 9 de octubre de 2026, a los 85 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

Infancia y formación

Creció en una familia humilde de origen indio tamil. Su padre trabajaba como conductor de autobús y su madre se ocupaba del hogar. La discriminación racial condicionó su infancia y su educación en una Sudáfrica donde el acceso a las instituciones dependía de la clasificación racial de cada persona.

Estudió en la Universidad de Natal, donde obtuvo una licenciatura en Artes en 1963 y se graduó en Derecho en 1965. Durante su formación participó en el Movimiento de Unidad No Europea, una organización opuesta a la segregación. En la biblioteca universitaria descubrió las transcripciones de los juicios de Núremberg, cuya lectura despertó su interés por la posibilidad de exigir responsabilidades penales a quienes cometían atrocidades amparándose en el poder del Estado.

Amplió posteriormente sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un máster en Derecho en 1982 y un doctorado en Ciencias Jurídicas en 1988. Fue la primera persona sudafricana que consiguió este último título en la Facultad de Derecho de Harvard.

Abogada contra el apartheid

En 1967 se convirtió en la primera mujer no blanca que abrió su propio despacho de abogados en la provincia de Natal. La decisión no respondió únicamente a una iniciativa empresarial: los bufetes establecidos se negaban a contratarla debido a su raza y sexo. Pillay recordaría que algunos consideraban inadmisible que empleados blancos recibieran instrucciones de una abogada no blanca.

Durante casi tres décadas defendió a activistas perseguidos por el régimen sudafricano y denunció las torturas, los interrogatorios abusivos y el aislamiento de los detenidos políticos. Entre las personas a las que representó estuvo su esposo, Gaby Pillay, arrestado por la policía de seguridad en aplicación de la legislación antiterrorista.

En 1973 logró una importante victoria judicial al conseguir que los presos políticos tuvieran derecho a recibir asistencia letrada. La medida benefició también a los encarcelados en Robben Island, entre ellos Nelson Mandela. Su participación en la defensa de los derechos de los opositores al apartheid fue destacada expresamente por el Comité Nobel Noruego al anunciar su premio.

Su actividad se extendió a los derechos de las mujeres. Participó en la Coalición Nacional de Mujeres, que contribuyó a incorporar garantías de igualdad y no discriminación al nuevo orden constitucional sudafricano. En 1992 fue cofundadora, junto con Jessica Neuwirth y Feryal Gharahi, de Equality Now, organización internacional dedicada a combatir la discriminación legal y la violencia contra mujeres y niñas.

De abogada discriminada a magistrada

Durante sus 28 años de ejercicio profesional bajo el apartheid, Pillay tenía prohibido entrar en los despachos privados de los jueces debido a su clasificación racial. En 1995, tras la llegada de la democracia a Sudáfrica, fue nombrada jueza interina del Tribunal Superior, convirtiéndose en la primera mujer no blanca que desempeñó esa función.

El contraste resumía una transformación histórica: quien había sufrido restricciones incluso para acceder a determinados espacios judiciales pasaba a ocupar un puesto en la magistratura del mismo país. Sin embargo, su permanencia en la judicatura sudafricana fue breve, porque ese año fue elegida magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, establecido por las Naciones Unidas después del genocidio de 1994.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda

En Ruanda participó en algunos de los procesos que transformaron la interpretación del derecho penal internacional. Uno de los más importantes fue el juicio contra Jean-Paul Akayesu, antiguo alcalde de Taba, condenado en septiembre de 1998 por genocidio y crímenes contra la humanidad.

La sentencia estableció que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio cuando se cometían con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. Pillay integró la sala de tres magistrados responsable del fallo y desempeñó un papel significativo en el desarrollo de aquella interpretación jurídica. El precedente permitió reconocer la violencia sexual como un instrumento deliberado de exterminio, y no simplemente como una consecuencia de la guerra.

Otro proceso decisivo fue el conocido como caso de los medios, relacionado con la propaganda que había contribuido a fomentar las matanzas. En 2003, el tribunal condenó en primera instancia a responsables de medios de comunicación ruandeses por su participación en la incitación al genocidio. Pillay formó parte de la sala que dictó aquella resolución, que examinó cómo la radio y la prensa podían emplearse para impulsar la persecución y el asesinato de una población.

Fue presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda entre 1999 y 2003. Durante ese periodo tuvo que afrontar dificultades administrativas, retrasos procesales y tensiones diplomáticas. El tribunal recibió críticas por su lentitud, su distancia respecto de la población ruandesa y las limitaciones de una justicia internacional dependiente de la cooperación de los Estados.

Sus colaboradores destacaron una combinación de firmeza y sensibilidad hacia las víctimas. Según testimonios recogidos durante su actividad judicial, prestaba especial atención al sufrimiento de quienes declaraban sobre atrocidades y procuraba que los procedimientos mantuvieran garantías tanto para los acusados como para los testigos.

Corte Penal Internacional y Naciones Unidas

En 2003 fue elegida magistrada de la primera composición de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, donde trabajó en la Sección de Apelaciones hasta 2008. Participó así en la consolidación de un tribunal permanente destinado a perseguir determinados crímenes internacionales cuando los sistemas nacionales no pueden o no están dispuestos a hacerlo.

El 1 de septiembre de 2008 asumió el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras su designación por el secretario general Ban Ki-moon. Permaneció al frente de la institución hasta agosto de 2014.

Durante su mandato reclamó investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en conflictos como los de Sri Lanka y Siria, además de denunciar la discriminación racial, la violencia contra las mujeres y las restricciones a las libertades fundamentales. Sus intervenciones suscitaron controversias con gobiernos que consideraban sus declaraciones parciales o una intromisión en asuntos internos.

Su gestión también puso de manifiesto los límites de las instituciones internacionales: la documentación de abusos no garantiza su sanción y la actuación de Naciones Unidas depende, en numerosos casos, de decisiones políticas de los Estados. Las críticas sobre la selectividad de la justicia internacional, su alcance geográfico y las dificultades para exigir responsabilidades a las grandes potencias acompañaron buena parte de su trayectoria institucional.

Myanmar y la investigación sobre Gaza

En 2019 fue designada jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia para participar en el procedimiento promovido por Gambia contra Myanmar, relacionado con las acusaciones de genocidio contra la minoría rohinyá.

Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. El organismo examinó las vulneraciones del derecho internacional cometidas en el contexto del conflicto palestino-israelí, incluidos los acontecimientos posteriores a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva militar israelí en Gaza.

En septiembre de 2025, la comisión presentó un informe que concluyó que Israel había cometido actos de genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza. El Gobierno israelí rechazó tajantemente esas conclusiones y acusó a Pillay y a la comisión de parcialidad política. El informe recogía las conclusiones de un organismo investigador, no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

La investigación convirtió a Pillay en una figura controvertida del debate internacional sobre Gaza. Sus defensores destacaron su insistencia en aplicar el derecho internacional sin excepciones, mientras que sus críticos cuestionaron la imparcialidad de sus investigaciones y la interpretación de los hechos.

Premio Nobel de la Paz 2026

El 9 de octubre de 2026, el Comité Nobel Noruego anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay por su contribución a la promoción de la paz y el derecho internacional. Reconoció especialmente su trabajo en el fortalecimiento de los mecanismos judiciales para perseguir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, así como su intervención en sentencias fundamentales sobre violencia sexual e incitación al exterminio mediante propaganda.

La noticia la sorprendió en Núremberg, Alemania, donde participaba en un encuentro jurídico. Inicialmente, el Comité Nobel no había conseguido contactar con ella para comunicarle el galardón. Pillay recibió el anuncio entre los aplausos de sus colegas y manifestó que, como jurista, todavía quería comprobar que la noticia fuera cierta.

La coincidencia tenía un significado especial: más de seis décadas antes, cuando estudiaba Derecho en Sudáfrica, había dedicado muchas horas a leer los documentos de los juicios de Núremberg. Ahora recibía el Nobel de la Paz en la ciudad donde se habían establecido algunos de los fundamentos de la justicia penal internacional que marcaron su carrera.

El premio fue celebrado por organizaciones de derechos humanos, por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y por responsables de Naciones Unidas. Israel, por el contrario, condenó la decisión y acusó a la galardonada de mantener una posición hostil hacia el Estado israelí. Ante la controversia, el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aclaró que la concesión del premio no constituía un pronunciamiento del comité sobre si Israel había cometido genocidio en Gaza, cuestión que corresponde resolver a las instancias judiciales competentes.

Pillay dedicó el reconocimiento a las víctimas y supervivientes de crímenes internacionales y a quienes trabajan para combatir la impunidad. La ceremonia de entrega quedó fijada para el 10 de diciembre de 2026 en Oslo.

Su trayectoria refleja tanto los avances como las dificultades de la justicia internacional: desde la defensa de presos políticos sin derechos efectivos bajo el apartheid hasta la participación en tribunales capaces de juzgar genocidios y responsabilizar penalmente a dirigentes. Una vida profesional marcada por la aspiración de que el poder político y militar no quede fuera del alcance de la ley.