El 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele entró en la Asamblea Legislativa salvadoreña acompañado de soldados armados. Se sentó en la silla de su presidente, inclinó la cabeza y rezó. Después dijo que había hablado con Dios y que le había pedido paciencia. Quería que los diputados aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad. El presidente que prometía devolver las calles a los ciudadanos había llevado los fusiles hasta el Parlamento.

Seis años después, los salvadoreños conocen un país muy distinto del que sufría el dominio territorial de las pandillas. Los homicidios se han desplomado. Pero aquella silla, prestada por tres minutos, anuncia la pregunta que acompaña a Bukele: ¿puede un político convertirse en héroe sin empezar a confundir su persona con el país que gobierna?

El publicista que aprendió a gobernar

Antes de la presidencia, Bukele trabajó en publicidad. Su padre, Armando Bukele Kattán, empresario de origen palestino, participaba en negocios entre los que figuraba una agencia que trabajó para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Nayib aprendió pronto el poder de una imagen: el oficio de explicar una promesa antes de tener que cumplirla.

Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador por el FMLN. En octubre de 2017 lo expulsaron del partido. Fundó Nuevas Ideas, pero la formación no estaba inscrita a tiempo para las elecciones presidenciales de 2019; se presentó bajo las siglas de GANA, surgida de una escisión de la derecha tradicional, y ganó. Liquidó tres décadas de alternancia entre ARENA y el FMLN. La política había cambiado de marca antes de cambiar de propietario.

El país donde volvió a abrirse la puerta

En 2015 El Salvador registraba más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa ya había caído hacia 2019, antes de la gran ofensiva carcelaria. Para 2025 el Gobierno comunicó 82 homicidios y una tasa de 1,3. Hay reservas importantes: el cómputo oficial excluye muertes en cárceles, muertes causadas por agentes y cadáveres en fosas clandestinas, entre otras categorías. InSight Crime advierte de que la comparación internacional resulta problemática; también reconoce que el poder territorial de las principales pandillas se ha desplomado.

La conquista más visible no cabe en el parte policial. Para muchas familias, visitar a un pariente, atravesar una acera o mantener abierto un comercio había supuesto calcular riesgos y pagar extorsiones. Recuperar el trayecto a casa fue una experiencia más inmediata que cualquier promesa electoral.

Tras 87 asesinatos en tres días de marzo de 2022, el Gobierno instauró el régimen de excepción. Comenzaron las detenciones masivas. En 2023 abrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT: corredores interminables, presos rapados, filas de cuerpos uniformados. Las imágenes viajaron por el mundo. El antiguo publicista conocía la importancia de mostrar el poder, además de ejercerlo.

El pacto que no cabía en las fotografías

En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna y Carlos Marroquín, funcionarios salvadoreños a los que atribuyó negociaciones clandestinas con las pandillas a cambio de reducir asesinatos y obtener ventajas políticas. Aquellas sanciones no constituyeron una condena contra Bukele. Pero dejaron otro episodio en la cronología de la seguridad: funcionarios del Gobierno que después declaró una guerra total contra las maras habían sido acusados de pactar con ellas.

El descenso de los asesinatos había comenzado antes de las detenciones de 2022. Sería tan cómodo adjudicarlo todo a las prisiones como negarse a mirar las calles recuperadas. La estadística no siempre confiesa sus causas con la misma diligencia con que proclama sus resultados.

Los otros presos

Human Rights Watch informó en octubre de 2026 de más de 93.000 detenciones desde marzo de 2022, entre ellas más de 3.000 menores. Citó además un recuento de al menos 513 muertes bajo custodia, elaborado por Cristosal. El número anterior de 458 pertenecía a otro recuento y a un corte previo. Los abogados entrevistados describieron juicios masivos, dificultades para acceder a los expedientes y obstáculos para defender individualmente a sus clientes.

La familia que antes no podía salir de su barrio y la familia que ahora busca a un detenido sin pruebas suficientes comparten nacionalidad, aunque rara vez compartan espacio en la propaganda o en los discursos internacionales. Una recuperó la calle; la otra exige acceso a un tribunal. En ambas historias hay personas, no casillas de un balance.

En 2025 el acuerdo con Estados Unidos llevó también al CECOT a migrantes deportados desde territorio estadounidense. La prisión se incorporó a la política exterior de Bukele y a su relación con Donald Trump. Paralelamente, periodistas de El Faro continuaron trabajando desde el exilio y la ley salvadoreña de agentes extranjeros introdujo nuevas obligaciones para organizaciones civiles. La seguridad del Estado y el escrutinio del Estado empezaron a disputar el mismo escenario.

La reforma que alteró el calendario

El 1 de junio de 2024, Bukele tomó posesión de su segundo mandato vestido de negro, con bordados dorados y banda presidencial. La indumentaria evocaba antiguas ceremonias militares; el cambio institucional fue más perdurable que el vestuario. En 2021, una Asamblea dominada por sus aliados había destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

El 31 de julio de 2025, el Parlamento aprobó una reforma que permitió la reelección indefinida, suprimió la segunda vuelta electoral y amplió de cinco a seis años los futuros mandatos. Además, acortó el mandato presidencial vigente, originalmente previsto hasta 2029, al 1 de junio de 2027. En junio de 2026, Bukele inscribió su precandidatura para un tercer mandato. Las elecciones están convocadas para el 28 de febrero de 2027. El antiguo adversario del bipartidismo había llegado a la potestad de modificar la duración de su propia presidencia.

Sus partidarios sostienen que los ciudadanos deben poder reelegir a quien quieran; sus críticos advierten de que elegir exige instituciones capaces de garantizar la alternancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó tanto el contenido de la reforma como su aprobación acelerada. El desacuerdo no reside solo en quién recibe más votos. También en quién escribe las reglas antes de contarlos.

El héroe y la silla

La palabra liberación significa algo preciso para quien vuelve a trabajar sin pagar a una pandilla. Suena de otro modo para quien intenta averiguar por qué han detenido a un hijo y no consigue examinar su expediente. Bukele ha gobernado sobre ambas experiencias. La primera explica el amplio respaldo que registra su política de seguridad; la segunda aparece en las denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y restricciones procesales.

En febrero de 2020 se sentó durante unos minutos en el sillón del presidente de la Asamblea y anunció que Dios le había recomendado paciencia. En febrero de 2027 volverán a abrirse las urnas bajo un calendario y unas reglas reformados por sus mayorías. El destino político de los salvadores no se agota en vencer a aquello que prometieron derrotar. También depende de si el sillón en el que se sentaron sigue perteneciendo a los ciudadanos cuando ellos se levantan.

Fuentes: Asamblea Legislativa (31-7-2025); CIDH (8-8-2025); Biblioteca del Congreso de EE. UU. (29-7-2026); RTVE/EFE (29-6-2026); Human Rights Watch (7-10-2026); Ministerio de Seguridad salvadoreño (balance de 2025); InSight Crime (balance de homicidios de 2025); Departamento del Tesoro de EE. UU. (2021); Reuters y La Prensa Gráfica (9-2-2020); Congressional Research Service (6-10-2026).