El emisario sin nombre
«Con Pedro Sánchez no he tenido ningún contacto directo, ni por teléfono ni en persona».
Carles Puigdemont lo afirma en su entrevista con EL MUNDO. Tres años de acuerdos, exigencias y concesiones sin hablar con el principal beneficiario de la negociación. Para conseguir los votos, Sánchez tuvo intermediarios. Para recibir la investidura, acudió personalmente.
El 9 de noviembre de 2023, PSOE y Junts firmaron en Bruselas el pacto que permitió desbloquearla. El 16, Sánchez fue investido. Siete diputados hicieron su trabajo. La aritmética parlamentaria tiene esa ventaja sobre la retórica: permite saber cuánto vale cada cual sin escucharle un discurso.
Puigdemont cuenta que los socialistas fueron a buscarlos y que Junts decidió comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Presenta así el acuerdo como una exploración de la necesidad ajena. Él habría puesto las condiciones; Sánchez, las ganas de seguir.
Es una versión conveniente para quien la cuenta. También Puigdemont necesitaba resultados. Después de años de promesas independentistas incumplidas, obtener concesiones del Gobierno español ofrecía algo que los grandes discursos habían dejado de proporcionar: un rendimiento concreto.
Se necesitaban los dos. La disputa consiste en decidir quién debe pasar a la historia como necesitado.
Del hombre que, según Puigdemont, abrió el contacto no sabemos el nombre. El entrevistado explica la intención de Sánchez, describe la estrategia de Junts y se reserva la identidad del emisario. Una transparencia bien administrada: ilumina al adversario y deja en penumbra lo que conviene conservar.
Zapatero, el interlocutor aceptable
José Luis Rodríguez Zapatero sí tiene nombre. Tiene, además, una cualidad especialmente útil para estos trabajos: fue presidente del Gobierno y ya no tiene que responder en el Congreso por lo que conversa.
Según Puigdemont, intervino durante las negociaciones que condujeron al pacto de Bruselas, después de que Junts rechazara a Félix Bolaños. El acuerdo tiene fecha y firmas. El momento exacto en que entró Zapatero y el contenido de sus conversaciones pertenecen al testimonio del dirigente independentista.
Puigdemont asegura que lo consideraban un interlocutor autorizado del PSOE. Conviene entender el alcance: podía transmitir posiciones del partido; no podía comprometer por su cuenta al Consejo de Ministros.
Precisamente ahí residía su utilidad. Un expresidente puede tantear lo que un ministro tendría dificultades para proponer. Puede escuchar, sugerir, retroceder. El cargo conserva prestigio y ha perdido obligaciones. Para una negociación delicada, es una combinación excelente.
Según Puigdemont, Zapatero mostraba más flexibilidad que el Gobierno. Puede ser. También resulta más fácil ser flexible cuando las consecuencias de la flexión tendrán que explicarlas otros.
Su presencia permitía hablar con alguien próximo al poder sin sentar al poder entero a la mesa. Si aparecía una salida, el partido podía aprovecharla. Si surgía un problema, siempre quedaba espacio para precisar qué se había dicho, en nombre de quién y con qué alcance.
La intermediación también sirve para que una promesa tarde más en encontrar a su responsable.
Cerdán, el hombre que firmaba
Santos Cerdán ocupó un asiento menos vaporoso. Era secretario de Organización del PSOE y firmó el acuerdo con Jordi Turull el 9 de noviembre de 2023. El 2 de diciembre participó en la primera reunión entre ambas formaciones en Suiza.
Su intervención está documentada. Aquí no hace falta confiar en el recuerdo de Puigdemont: hay una firma.
Sobre la mesa estaban la investidura, la amnistía, el seguimiento de los compromisos y el conflicto sobre el futuro de Cataluña. Sánchez buscaba votos para gobernar. Junts buscaba transformar esos votos en decisiones que justificaran haberlos entregado.
La amnistía, aprobada en junio de 2024, fue un resultado tangible. Otras cuestiones obligan a leer la letra pequeña, esa parte de la política que suele comenzar donde termina la rueda de prensa.
El pacto de Bruselas incluyó referencias al lawfare, la utilización política de procedimientos judiciales. La ley aprobada no incorporó el término. El vocabulario del acuerdo y el contenido de la legislación no fueron idénticos. Una concesión en un documento político no equivale, por sí sola, a una disposición legal.
Con inmigración ocurrió algo todavía más claro. Puigdemont sostiene que los socialistas acabaron aceptando funciones para los Mossos en controles fronterizos y para la Administración catalana en la expedición del NIE. Hubo una iniciativa parlamentaria, pero el Congreso la rechazó el 23 de septiembre de 2025. Junts presentó otra propuesta en 2026.
Negociar una competencia, anunciarla y conseguir que entre en vigor son tres cosas distintas. Confundirlas permite celebrar varias veces una victoria que todavía no se ha producido.
La trayectoria posterior de Cerdán añadió otro capítulo. Abandonó sus cargos en junio de 2025, en medio de una investigación por presunta corrupción en adjudicaciones públicas. Ingresó en prisión provisional el día 30 y salió en libertad provisional en noviembre de aquel año. En noviembre de 2026 seguía investigado, sin condena por esos hechos.
La investigación no prueba su culpabilidad ni invalida retrospectivamente su firma. Sí deja una imagen incómoda: el hombre que ayudó a garantizar la continuidad del Gobierno terminó fuera de la dirección del partido.
El documento duró más que el firmante en su puesto. Los acuerdos no suelen guardar lealtad a quienes los hicieron posibles.
El verificador internacional
El 2 de diciembre de 2023, PSOE y Junts se reunieron en las cercanías de Ginebra y acordaron que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez coordinara el mecanismo internacional de verificación.
La designación consta en un comunicado conjunto. Las razones exactas por las que Junts lo exigió las explica Puigdemont desde su posición de parte.
Según su relato, necesitaban un espacio neutral y alguien que pudiera dar fe de lo hablado. La petición resulta bastante reveladora. Habían encontrado confianza suficiente para facilitar una presidencia, pero necesitaban un testigo para vigilar las promesas.
Se puede sostener un Gobierno sin fiarse de quienes lo sostienen. Basta con llamarlo estabilidad.
Galindo no aportaba diputados ni podía aprobar leyes. Su función consistía en facilitar el seguimiento de los compromisos y de los desacuerdos. Un trabajo discreto, aunque imprescindible cuando los participantes empiezan a recordar de manera distinta una misma conversación.
El verificador debía ayudar a distinguir entre lo que cada partido había prometido y lo que después le convenía haber prometido.
La solemnidad internacional daba al procedimiento una apariencia elevada. La necesidad era muy corriente: dejar constancia para que nadie pudiera discutirlo todo desde el principio.
Bolaños, el ministro que no servía
Según Puigdemont, Junts rechazó a Félix Bolaños como interlocutor porque no confiaba en él.
Es su versión. La documentación examinada en el texto de partida no permite reconstruir de manera independiente los términos exactos del rechazo. Tampoco autoriza a convertir una desconfianza declarada en una prueba de que el ministro hubiera engañado a nadie.
Pero la afirmación tiene interés político. Bolaños pertenecía al núcleo de confianza de Sánchez. Su proximidad al presidente, que debía darle autoridad, no bastaba para hacerlo aceptable al otro lado de la mesa.
Puigdemont cuenta que prefirieron a Zapatero. Un expresidente resultaba admisible donde un ministro encontraba resistencia.
La escena permite medir hasta qué punto Junts pudo condicionar la negociación, si aceptamos el relato del entrevistado. No solo discutía lo que quería obtener: también intervenía en la selección de quien debía escucharlo.
Para el Gobierno, una situación poco gloriosa. Necesitaba aquellos votos y, según Puigdemont, ni siquiera podía elegir libremente al encargado de pedirlos.
Bolaños tenía cargo. Zapatero tenía acceso. En aquella negociación, el acceso valía más.
Sánchez, el hueco que presidía la mesa
Queda Pedro Sánchez.
Puigdemont afirma que nunca habló con él, ni por teléfono ni en persona. La declaración fija su versión pública; no demuestra por sí sola la inexistencia de cualquier contacto.
Si lo que cuenta es exacto, la ausencia de Sánchez tuvo una eficacia considerable. Otros tantearon, conversaron, firmaron y verificaron. Él obtuvo la investidura.
Tampoco esa distancia lo deja al margen de las decisiones. Un presidente puede delegar la conversación; las consecuencias políticas del acuerdo siguen siendo suyas.
Puigdemont, por su parte, presenta cada concesión como una prueba de la necesidad del presidente. Tiene motivos para hacerlo: necesita que sus votantes vean capacidad de imponer condiciones donde sus adversarios ven dependencia mutua.
Sánchez consiguió seguir gobernando. Puigdemont obtuvo un pacto que abrió el camino a la amnistía y a una negociación con supervisión internacional. Cada cual dispone de materiales suficientes para escribir su propia victoria. El problema empieza cuando las dos versiones pretenden pasar por la historia completa.
El regreso sigue pendiente. La cronología recogida en el texto de partida sitúa en octubre de 2026 la apertura de la vía para aplicar la amnistía a la malversación y, después, la retirada de la orden nacional de detención por Pablo Llarena. El 3 de noviembre quedó cerrado el sumario para que la Sala Segunda resolviera la aplicación definitiva de la ley. Eso no equivale a dar por concluido el último trámite judicial.
En la entrevista, Puigdemont habla de volver, pero no fija día. Descarta hacerlo durante la campaña electoral del 29 de noviembre. Diciembre aparece como posibilidad.
Después de tantos interlocutores, documentos y garantías, queda una pregunta que entiende cualquiera: cuándo vuelve.
Para conseguir la investidura de Sánchez bastó con contar siete votos. Para fechar el regreso de Puigdemont, tres años después, todavía se cuenta por meses.
