Brasil, 2003–2026

En enero de 2003, Lula da Silva llegó a la Presidencia con una promesa: que todos los brasileños pudieran comer tres veces al día. El 25 de octubre de 2026 ganó su cuarta elección presidencial. Entre ambas fechas, millones accedieron a más ingresos y educación; Brasil atravesó una recesión, una pandemia y el asalto a las sedes de sus tres poderes. Lula pasó por la cárcel y volvió acompañado de un antiguo adversario. El país había ampliado oportunidades sin resolver la precariedad del trabajo; él había convertido un partido de oposición en una fuerza de gobierno y de coaliciones.

Del sindicato al gobierno

Había llegado de Pernambuco a São Paulo con su madre y sus hermanos en 1952. Se formó como tornero, perdió el meñique izquierdo en un accidente laboral y dirigió el sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo y Diadema. Durante la dictadura encabezó huelgas y fue encarcelado. En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores; después perdió tres elecciones presidenciales antes de imponerse en 2002.

La candidatura ganadora ya reunía mundos distintos. Su vicepresidente, José Alencar, era empresario textil. En la Carta ao povo brasileiro, Lula prometió respetar contratos y obligaciones. Al asumir, puso a Antonio Palocci en Hacienda y a Henrique Meirelles, antiguo directivo bancario, al frente del Banco Central. La ampliación de la política social comenzó con ese compromiso de estabilidad.

El cambio produjo conflictos dentro del PT. En 2003, el gobierno impulsó una reforma de las pensiones de los empleados públicos que encontró oposición sindical. Cuatro parlamentarios del partido fueron expulsados tras enfrentarse a ella. El dirigente formado en las huelgas defendía ahora desde el Ejecutivo una reforma rechazada por parte de sus antiguas bases. El episodio abrió una ruptura dentro del partido.

La ayuda, la escuela y la universidad

Bolsa Família nació en octubre de 2003 y quedó regulado por ley en enero de 2004. Reunió ayudas anteriores, algunas del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en un programa de transferencias a familias de bajos ingresos. Para una casa con niños, el ingreso venía acompañado de compromisos: asistir a clase, mantener las vacunas y acudir a controles de salud.

Ese vínculo se concretaba en tareas corrientes. Las escuelas registraban asistencia; los centros sanitarios seguían el crecimiento infantil y los embarazos. En 2009 se exigía a los escolares de seis a quince años una asistencia mínima del 85%. El dinero podía aliviar una urgencia; mantener a los niños vinculados a escuelas y consultas requería también que esos servicios funcionaran.

El mínimo legal ganó poder de compra: el DIEESE, organismo técnico ligado al movimiento sindical, calculó una ganancia real del 53,67% en los reajustes de 2003–2010, sobre el valor de 2002. El ingreso medio real del trabajo aumentó un 20% entre 2004 y 2009. Son dos mejoras distintas: una procedía de la regulación salarial; la otra reflejaba los ingresos observados en el empleo.

ProUni abrió otra puerta desde 2005. Un estudiante sin título universitario y con renta familiar por persona de hasta un salario mínimo y medio podía optar a una beca integral en una universidad privada. La institución participante recibía exenciones fiscales. La fórmula aprovechaba plazas privadas para ampliar el acceso y tenía un coste público en impuestos no recaudados. La beca cubría la matrícula; no convertía por sí sola en gratuitos el transporte, la vivienda o el tiempo necesario para estudiar.

Dos censos permiten observar el cambio de fondo. El analfabetismo entre personas de quince años o más pasó del 13,6% en 2000 al 7% en 2022. Entre los adultos de veinticinco años o más, la proporción con estudios superiores pasó del 6,8% al 18,4%, según los resultados preliminares de la muestra censal. Son comparaciones entre 2000 y 2022: empiezan antes de Lula y terminan antes de su regreso. Recogen políticas de varios gobiernos y el relevo de generaciones.

El crecimiento tenía condiciones

Las políticas actuaron durante una etapa de expansión. Entre 2003 y 2008, Brasil creció a una media anual próxima al 4,7%, en años de auge de las materias primas. Un estudio del Banco Mundial relaciona aquella expansión con una mayor utilización de los factores productivos, especialmente el trabajo, dentro de una economía con dificultades persistentes de productividad. Crear más empleo y producir más por trabajador eran problemas relacionados, pero diferentes.

China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil en 2009. Ese mismo año se celebró la primera cumbre del BRIC, con Rusia, India y China; Brasil acogió la siguiente en 2010. La política exterior se conectaba con compradores, exportaciones y una mayor participación en foros internacionales. El vínculo con el mercado chino crecía mientras seguía pendiente diversificar la producción hacia actividades de mayor contenido tecnológico.

Las transferencias contribuyeron a reducir la desigualdad, sin explicar por sí solas toda la mejora. Un estudio del Ipea de 2019 estimó que Bolsa Família y sus precursores explicaban alrededor del 10% de la reducción del Gini entre 2001 y 2015. El resultado sitúa el programa junto al empleo, los salarios y otros ingresos. Su alcance redistributivo dependía también de lo que ocurriera fuera del presupuesto de las ayudas.

El coste político de gobernar

El PT necesitaba aliados parlamentarios. En 2005, el mensalão reveló un sistema de pagos para obtener apoyo en el Congreso. José Dirceu salió de la Casa Civil. En 2012, el Supremo lo condenó por corrupción activa, junto al expresidente del PT José Genoino y al extesorero Delúbio Soares. Lula no fue acusado en esa causa. El gobierno que había prometido cambiar la política tenía que responder por un esquema ilegal en su propia estructura de apoyos.

Dilma Rousseff lo sucedió en 2011. La recesión de 2015–2016, su destitución, la presidencia de Michel Temer y el gobierno de Jair Bolsonaro alteraron aquel recorrido. El PIB cayó un 3,5% en 2015 y un 3,3% en 2016; después, la pandemia volvió a golpear el empleo. Entre las primeras presidencias de Lula y su regreso hubo doce años en los que él no dirigió el Ejecutivo.

En 2017, Sergio Moro lo condenó por corrupción pasiva y blanqueo en el caso del tríplex de Guarujá. La condena fue confirmada en segunda instancia en enero de 2018. Entró en prisión en abril y quedó fuera de las elecciones. Salió en noviembre de 2019, tras 580 días, cuando el Supremo cambió su criterio sobre el cumplimiento de penas antes de agotar los recursos.

En 2021, el Supremo confirmó la anulación de las condenas de Curitiba por falta de competencia del juzgado y, en una decisión distinta, la parcialidad de Moro en el tríplex. Lula recuperó la posibilidad de presentarse. Las condenas quedaron invalidadas; esas decisiones no constituyeron una absolución sobre el fondo de todas las acusaciones.

El país al que regresó

Ganó en 2022 con el 50,90% de los votos. Su vicepresidente era Geraldo Alckmin, el adversario al que había derrotado en 2006, ahora en el PSB. El acuerdo reunió al PT con un antiguo rival para disputar la Presidencia. Años antes había buscado el respaldo de un empresario; en su regreso incorporaba a un político con el que había competido por el gobierno.

La victoria no cerró la confrontación. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura, manifestantes contrarios al resultado electoral invadieron y destruyeron instalaciones del Congreso, el Planalto y el Supremo. La tercera presidencia comenzó con la restauración de edificios públicos y la investigación de los ataques. A la negociación de mayorías se sumaba la defensa de las instituciones que acababan de ser asaltadas.

En el balance social posterior, el IBGE estimó que la pobreza bajó del 31,6% en 2022 al 23,1% en 2024, con el mismo umbral y base de precios. El Gini de renta del hogar por persona pasó de 0,517 a 0,504; en 2025 repuntó a 0,511. La mejora respecto de 2022 coexistía con ese retroceso reciente. Son estimaciones publicadas de años concretos, sujetas a las revisiones estadísticas correspondientes.

El Banco Central calculó una deuda bruta del 82,9% del PIB en agosto de 2026. Su aumento de 4,2 puntos desde diciembre incluía un impulso de 6,5 puntos por intereses, parcialmente compensado por el crecimiento del PIB nominal y otros factores. La presión fiscal no puede atribuirse automáticamente a Bolsa Família. Mantener las prestaciones exige financiarlas; los intereses y el crecimiento condicionan cuánto margen queda para hacerlo.

El Brasil que volvió a elegir a Lula tenía más titulados y una pobreza menor que en 2022. También tenía un Congreso en el que su partido carecía de mayoría propia y un mercado laboral que combinaba expansión y precariedad. En 2025, el IBGE estimó 103 millones de personas ocupadas y un desempleo anual del 5,6%. De cada cien trabajadores, treinta y ocho seguían en la informalidad.