Una persona cobra 1.500 euros netos al mes, encuentra un piso de alquiler por 900 y hace cuentas: le quedan 600 euros para comer, desplazarse, pagar suministros y vivir. El alquiler absorbería el 60 % de sus ingresos. No es una estadística nacional, sino un ejemplo aritmético. Sirve para plantear el problema que el 29 de noviembre tendrán que resolver las urnas: ¿quién paga la diferencia entre el precio de una vivienda y lo que un trabajador puede permitirse?

La Redacción de Buscabiografías reconstruye un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a partir de sus programas para las elecciones generales del 29-N. Debate ficticio: las intervenciones siguientes son argumentos recreados, no declaraciones reales ni transcripciones.

El trabajador de los 1.500 euros

Sánchez: Señor Feijóo, explíquele a esa persona qué significa la libertad de mercado cuando el alquiler consume más de la mitad de su sueldo. Puede cambiar de casa, dicen. ¿A cuál, si los precios del barrio son semejantes? La vivienda no es un artículo del que podamos prescindir. Su propiedad comporta una función social. Por eso proponemos reforzar su reconocimiento constitucional y ampliar de manera permanente el parque protegido.

Feijóo: La Constitución no fija el alquiler de ese piso. ¿Qué solución le da usted hoy? Si en esa ciudad faltan viviendas, limitar el precio de algunas no crea las que faltan. El joven que no consiguió contrato seguirá en la calle. Necesitamos construir donde existe demanda, con plazos creíbles y reglas previsibles.

Sánchez: No eluda la pregunta: construir pisos que solo puedan comprar rentas altas no garantiza un hogar a quien cobra 1.500 euros. Usted promete actividad inmobiliaria. Yo le pregunto por accesibilidad real, no por metros cuadrados entregados a quien pueda pagarlos.

Feijóo: Y yo le pregunto cuántos pisos a precio accesible ha conseguido entregar después de años de gobierno. La buena intención no sustituye a la gestión. Usted necesita suelo, trabajadores, financiación y licencias tanto como cualquier promotor.

¿Quién paga la diferencia?

Sánchez: Nuestro programa compromete recursos equivalentes al 1 % del PIB cada año para vivienda, con participación del conjunto de administraciones y del ICO. Proponemos un parque estatal de 100.000 viviendas que se sume a los parques autonómicos y locales, y queremos que las viviendas protegidas lo sigan siendo permanentemente. No se trata de subsidiar indefinidamente el precio que dicte el mercado; se trata de construir una alternativa duradera.

Feijóo: El 1 % del PIB suena contundente hasta que hay que presupuestarlo. ¿Cuánto corresponde a gasto público, cuánto a financiación reembolsable y cuánto a otras administraciones? ¿Qué proyectos se ejecutarán este año y cuáles en cinco? ¿Qué obligaciones asume el contribuyente y qué se pospone para pagarlas? Movilizar recursos no equivale a construir viviendas.

Sánchez: Usted reduce las obligaciones sociales a una discusión contable, como si no hacer nada careciese de coste. La emancipación aplazada, los trayectos interminables y el desplazamiento de familias también tienen consecuencias económicas. El Estado puede asumir una parte del esfuerzo para que el ciudadano no cargue él solo con todo.

Feijóo: Nadie discute que exista un coste. Discuto que lo esconda entre grandes cifras. Si limita la rentabilidad del propietario, puede retirar su piso del alquiler; si subvenciona al comprador sin nueva oferta, puede beneficiar al vendedor. Todo coste acaba recayendo sobre alguien. Su programa tiene que decir sobre quién, cuándo y por cuánto tiempo.

Sánchez: Y el suyo debe explicar por qué el propietario habría de aceptar un precio menor si puede cobrar más. Cuando sus incentivos no basten, ¿dejará sin respuesta a la familia? La política no puede resignarse a contemplar los precios como si fueran fenómenos meteorológicos.

Un millón de viviendas, tres meses y una firma que no llega

Feijóo: Nuestro objetivo es un millón de viviendas, movilizando suelo público y privado. Proponemos una nueva Ley del Suelo, facilitar el cambio de uso de inmuebles y resolver licencias de obra y rehabilitación en tres meses, con silencio administrativo positivo. El retraso burocrático también encarece cada vivienda. Si una Administración deja un expediente meses sin resolver, el ciudadano paga la demora.

Sánchez: El silencio positivo merece una explicación. ¿Qué sucede si faltan informes sobre infraestructuras, seguridad o impacto ambiental? No cualquier licencia puede entenderse concedida por simple inactividad administrativa. Una cosa es sancionar la lentitud y otra sustituir controles legales por ausencia de respuesta. ¿Qué excepciones establece y quién responderá de los errores?

Feijóo: La simplificación tendrá que respetar las exigencias legales y las garantías urbanísticas. Pero esa objeción no puede convertirse en coartada para la parálisis. Gobernar también es organizar los procedimientos para que los informes lleguen a tiempo. Una Administración que no resuelve no protege por ello mejor.

Sánchez: Ni una licencia rápida construye por sí sola la vivienda prometida. Faltan mano de obra, suelo servido e infraestructuras. Y queda su gran omisión: ¿qué parte de ese millón estará protegida de verdad y será pagable para nuestro trabajador de los 1.500 euros?

Feijóo: Usted prometió movilizar unas 183.000 viviendas asequibles en 2023. Antes de examinar mi millón, detalle cuántas de aquellas se iniciaron, cuántas terminaron y cuántas familias recibieron las llaves. No mezcle las financiadas con las disponibles.

Sánchez: La cifra de viviendas movilizadas incluye actuaciones en distintas fases, y no presentaré una como si fuera otra. Pero sus comunidades autónomas también deciden suelo, urbanismo y vivienda. Si me exige resultados de todas las administraciones, empiece por aceptar que la responsabilidad está compartida.

El alquiler y la familia que no quiere marcharse

Sánchez: Pensemos en padres con hijos escolarizados que cumplen su contrato desde hace una década. Al vencer, el precio les expulsa del barrio. Proponemos ampliar la duración contractual y congelar temporalmente las rentas superiores a los índices de referencia en mercados tensionados, según los términos de nuestro programa. La estabilidad no debería depender exclusivamente del beneficio que otro pueda obtener.

Feijóo: ¿Y el que busca alquilar por primera vez? Si el propietario teme que cambien continuamente las condiciones, puede optar por no arrendar. Nuestro programa «Tres años+» propone una deducción o crédito fiscal al particular que renueve tres años con subidas inferiores al IPC; contempla también deducciones a inquilinos graduadas según ingresos. Usted impone una restricción. Nosotros tratamos de convertir la estabilidad en una opción atractiva.

Sánchez: Si la subida de mercado supera ampliamente el incentivo fiscal, el propietario podrá preferir la primera. Una familia no puede depender únicamente de que las cuentas del dueño salgan bien. También ofrecemos bonificaciones y garantías de cobro, pero la protección jurídica necesita límites exigibles.

Feijóo: Y las familias que llegan nuevas no pueden depender de que algún propietario acepte un contrato cuyos riesgos desconoce. Aumentar la duración sobre el papel no sirve si desaparecen viviendas del mercado habitual.

Comprar, heredar y financiar la escasez

Feijóo: Hay otra fractura que usted evita: quien hereda una vivienda accede al patrimonio, mientras el joven sin herencia queda pagando alquiler de por vida. Proponemos rebajar del 10 al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de cuarenta años, avales y una cuenta de ahorro bonificada. Queremos que trabajar y ahorrar vuelvan a ofrecer una posibilidad razonable de comprar.

Sánchez: Su rebaja no garantiza que el comprador conserve íntegro el ahorro fiscal. Si compite por un número fijo de pisos con otros compradores mejor financiados, parte de la ayuda puede acabar en el precio. Y nosotros debemos vigilar el mismo riesgo con TUCASA, nuestra línea de préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros. Dar crédito no crea suelo ni viviendas.

Feijóo: Precisamente por eso la compra forma parte de un plan para aumentar la oferta. Pero usted también quiere penalizar fiscalmente determinadas propiedades e inversiones. Distinga al inversor que financia edificios nuevos de quien retiene inmuebles sin uso. Si los trata igual, encarecerá lo que dice querer abaratar.

Sánchez: No propongo equipararlos. El impuesto progresivo previsto para grandes propietarios y fondos se dirige a viviendas que no se destinan a alquiler residencial asequible. La acumulación de activos puede proporcionar rentabilidad sin que aumente la oferta accesible. La propiedad genera derechos, no inmunidad ante sus efectos sociales.

Feijóo: Entonces deberá demostrar qué parte del encarecimiento se debe a esa acumulación y cuál a la escasez. Una hipótesis sobre la conducta de algunos propietarios no puede sustituir al diagnóstico completo.

El pequeño propietario, el impago y las 48 horas

Feijóo: Cuando una persona deja de pagar por vulnerabilidad, no puede obligarse al pequeño arrendador a financiar indefinidamente la protección social. Que el Estado pague y proporcione alternativas. Defendemos, además, una ley para recuperar en 48 horas la vivienda ocupada ilegalmente. Una justicia tardía puede dejar un derecho sin protección efectiva.

Sánchez: El Estado debe asumir la protección social sin descargarla indebidamente sobre un pequeño propietario. Pero su plazo de 48 horas es una propuesta legislativa, no una garantía procesal ya disponible. Tendrá que especificar el supuesto de ocupación, la intervención judicial y las garantías de defensa. No mezcle allanamiento, ocupación, impago contractual y vulnerabilidad: son situaciones jurídicamente diferentes.

Feijóo: Distíngalas cuanto sea necesario, pero concrete después cuánto tardará en recuperar una vivienda quien tenga derecho a ello. Las garantías procesales no deberían convertirse en una espera indefinida.

La prueba de las llaves

La confrontación termina donde los programas suelen ser menos precisos: en la forma de medir sus fracasos. Al modelo de Sánchez habrá que pedirle gasto efectivo, viviendas públicas disponibles, tiempo de entrega, protección duradera y efectos de la regulación sobre la oferta. Al de Feijóo, viviendas nuevas realmente terminadas, plazos administrativos medidos, alquileres efectivos y el porcentaje de promociones accesible para las rentas medias y bajas. Las cifras de licencias, viviendas movilizadas, terminadas y entregadas no son intercambiables.

El Banco de España ha advertido de que la rigidez de la oferta limita la inversión residencial. Es un argumento sólido contra la complacencia con la escasez, no una demostración de que toda desregulación funcionará. Tampoco acredita que limitar precios y aumentar el gasto público baste para garantizar viviendas a quienes más las necesitan.

La pregunta incómoda para Sánchez es cuántas viviendas puede garantizar realmente el Estado, a qué coste y sin desincentivar las que otros podrían construir. La pregunta incómoda para Feijóo es cuántas viviendas producirá el mercado que alguien con 1.500 euros mensuales pueda pagar sin dedicar la mayor parte de su vida laboral a conseguirlo.

Una de las dos promesas corre el riesgo de quedarse en el boletín oficial; la otra, en el escaparate de una inmobiliaria. Al trabajador del comienzo no le sirve ninguna de las dos direcciones si sigue sin poder entrar a vivir.

Fuentes documentales: PSOE, programa electoral publicado el 15-11-2026, pp. 28-33, compromisos 37, 38, 42, 61, 62, 67 y 70; PP, programa electoral publicado el 10-11-2026, pp. 42-44, propuestas 144-157; La Moncloa, 16-05-2023, objetivo de 184.000 viviendas asequibles; Banco de España, proyecciones del tercer trimestre de 2026.