El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas aprobaron el proyecto de Ley para la Reforma Política por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. En el gesto de alivio de Adolfo Suárez, captado por las cámaras, cabía una mezcla de cálculo y vértigo: aquel Parlamento acababa de abrir la salida de su propio régimen. Cincuenta años después, los herederos de aquella democracia siguen celebrando el acontecimiento, aunque el entendimiento político haya adquirido la mala reputación de una debilidad.

La concordia —del latín concordia, asociado a con y cor, corazón— sugiere una armonía que aquellos protagonistas difícilmente experimentaron. Venían de una guerra civil, casi cuatro décadas de dictadura y biografías incompatibles. Lo que consiguieron fue menos íntimo y más útil: reconocer la fuerza del otro, calcular los riesgos y establecer reglas para continuar la disputa sin regresar a la violencia.

La aritmética de los enemigos

Adolfo Suárez necesitaba que la reforma sobreviviera al aparato franquista y resultara aceptable para una oposición que desconfiaba de sus orígenes. Santiago Carrillo aceptó la monarquía y la bandera con que el PCE regresaba a la legalidad; Manuel Fraga participó después en la elaboración de la Constitución; Felipe González comprendió que ganar elecciones requería primero unas elecciones en las que todos pudieran competir. Contaban votos, apoyos sociales, vetos militares y posibilidades de fracaso. La concordia tenía una contabilidad.

Nada de aquello autoriza a idealizar la Transición. Hubo terrorismo, amenazas, violencia y víctimas de la dictadura sin reparación suficiente. El consenso constitucional dejó conflictos pendientes; entre ellos, las disputas sobre memoria y justicia. Su mérito fue permitir que muchas de esas diferencias se debatieran dentro de instituciones comunes. La reconciliación sentimental podía esperar. El calendario político, no.

Cinco años para encontrar veinte nombres

La historia reciente proporciona una escena menos solemne. El Consejo General del Poder Judicial debía renovarse en 2018. PSOE y PP tardaron más de cinco años y medio en pactar los veinte vocales del nuevo órgano. El acuerdo llegó el 25 de junio de 2024, en Bruselas, con la Comisión Europea como mediadora. Una institución española, prevista en la Constitución española, necesitó que alguien de fuera ayudara a sus grandes partidos a sentarse y firmar.

El retraso tenía intereses reconocibles. La renovación exigía mayorías reforzadas en Congreso y Senado; ninguna fuerza podía imponer por sí sola la composición del Consejo. El PP defendía modificar el sistema de elección de los vocales judiciales y disponía de capacidad para bloquear un reemplazo que alteraría el equilibrio heredado. El PSOE reclamaba cumplir el mandato de renovación y tampoco renunciaba a influir, mediante la negociación parlamentaria, en un órgano decisivo. Discutían sobre independencia judicial y sobre quién participaría en su diseño efectivo. La Constitución exigía cooperación; el incentivo inmediato favorecía resistir.

El pacto de 2024 demuestra dos cosas a la vez: que el desacuerdo era real y que no hacía imposible la negociación. Fueron precisos más de dos mil días, sucesivos intentos frustrados y la intervención europea para alcanzar una fórmula que los propios partidos terminaron aceptando. El espectáculo del antagonismo fue gratuito para quienes lo contemplaban, aunque no para la institución que permaneció con el mandato caducado.

El negocio de la trinchera

¿Quién cobra los dividendos de este clima? No existe un reparto único ni un libro de cuentas de la discordia. Pero los incentivos son visibles: a una dirección de partido le resulta más sencillo movilizar a los convencidos denunciando una cesión que explicándola; un portavoz logra atención inmediata al elevar una controversia a emergencia nacional; los espacios informativos que compiten por audiencia encuentran en el choque un argumento inagotable. Esto no prueba que cada conflicto se fabrique deliberadamente. Explica por qué puede resultar costoso resolverlo.

Conviene también desconfiar de una idea cómoda: que los ciudadanos obedecen dócilmente al guion de sus dirigentes. La encuesta CEMOP de 2025 registró un 70,1 % de entrevistados que percibían más crispación que el año anterior y, al mismo tiempo, un descenso de su indicador agregado de polarización afectiva de 5,20 a 4,94, atribuido a menor adhesión al partido propio. Ese descenso no demuestra menor rechazo al adversario; puede reflejar simplemente decepción con los de casa. Entre el enfado que se ve y el afecto que se mide hay más de una España, y ninguna cabe entera en un eslogan.

La patria en dos casillas

La expresión «las dos Españas» resulta tan duradera porque ahorra el esfuerzo de conocer a los españoles. Los distribuye en dos casillas y presume que cada uno piensa igual sobre impuestos, vivienda, Cataluña, memoria histórica y servicios públicos. Sin embargo, el ciudadano real mezcla posiciones que desordenan cualquier cartel electoral. Las identidades compactas son una gran comodidad para la propaganda y un pésimo instrumento para gobernar.

La nostalgia de 1976 tampoco ofrece una receta transportable. Entonces se negociaba bajo la amenaza de perder una libertad todavía incierta. En 2026, las instituciones llevan décadas funcionando y ese peligro parece lejano. La seguridad democrática permite conductas que sus fundadores habrían considerado temerarias. La cuestión no es exigir a los políticos de hoy que reproduzcan el miedo de ayer, sino preguntarles qué daño institucional están dispuestos a tolerar mientras aguardan una victoria más rentable.

Quedan las ceremonias del cincuentenario, los discursos sobre la convivencia, las fotografías de archivo. En alguna tribuna se hablará de concordia ante un auditorio dividido en grupos que, terminados los aplausos, regresarán a sus respectivas consignas. La placa de 1976 seguirá limpia. La mesa de negociación tendrá que volver a montarse con los mismos muebles de siempre.

Fuentes: Congreso de los Diputados, documentación de la legislatura 1971-1977; RTVE, cronología del bloqueo del CGPJ (2024); Acuerdo PSOE-PP de 25 de junio de 2024; CEMOP, V Encuesta Nacional de Polarización Política.