Jurista español
Exmagistrado de la Audiencia Nacional conocido por sus investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico, corrupción y crímenes contra la humanidad. Inhabilitado en 2012, continuó su carrera como abogado y defensor de los derechos humanos.
Profesión: Jurista, abogado y exmagistrado
Cargo: Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional (1988-2012, suspendido desde 2010)
Actividad actual: Director del despacho ILOCAD y presidente de honor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
Diputado por Madrid: 1993-1994, independiente en las listas del PSOE
Padres: Ildefonso Garzón Cruz y María Real Burgos
Cónyuges: María Rosario Molina Serrano (1980, posteriormente divorciados) y Dolores Delgado (desde 2023)
Hijos: María, Baltasar y Aurora
Nombre: Baltasar Garzón Real
Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, Jaén, España. Jurista y exmagistrado de la Audiencia Nacional, alcanzó proyección internacional por sus investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico, corrupción política y crímenes contra la humanidad, especialmente por la orden de detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998. En 2012 fue condenado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con las escuchas del caso Gürtel y perdió su condición de juez. Desde entonces ha desarrollado actividades de asesoramiento jurídico internacional, defensa de los derechos humanos y ejercicio de la abogacía.
Familia
Fue el segundo de los cinco hijos de Ildefonso Garzón Cruz y María Real Burgos.Su padre trabajó como agricultor y posteriormente como empleado de una gasolinera. La familia vivía en la localidad jiennense de Torres, situada en la comarca de Sierra Mágina.
Durante su infancia recibió una educación vinculada al catolicismo y estudió en seminarios de Baeza y Jaén. Aunque inicialmente se orientó hacia la formación religiosa, abandonó esa trayectoria y decidió cursar estudios universitarios.
Estudios
Tras trasladarse con su familia a Sevilla, estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la licenciatura en 1979.Posteriormente preparó las oposiciones a la carrera judicial, que superó en 1980 con el número once de su promoción.
Su interés profesional se centró desde los primeros años en el Derecho Penal, la investigación de organizaciones criminales y la protección de las garantías jurídicas.
Carrera judicial
Comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 como juez de Primera Instancia e Instrucción en Valverde del Camino, provincia de Huelva.Ese mismo año fue destinado al juzgado de Villacarrillo, en Jaén. En 1983 ascendió a magistrado y ocupó destinos en Vitoria y Almería.
En febrero de 1987 fue designado inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para los tribunales de Andalucía.
El 29 de enero de 1988 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, destino que lo situó al frente de investigaciones judiciales de especial repercusión.
Desde ese juzgado instruyó procedimientos relacionados con terrorismo, organizaciones de narcotráfico, delitos económicos y corrupción política.
Investigaciones contra ETA
Durante sus años en la Audiencia Nacional dirigió numerosas actuaciones judiciales contra la organización terrorista ETA y su entramado de apoyo.Investigó atentados, estructuras financieras y actividades de colaboración con la organización. Entre sus procedimientos figuró el atentado de noviembre de 1989 contra los dirigentes de Herri Batasuna Josu Muguruza, que resultó asesinado, e Iñaki Esnaola, que quedó herido.
El 12 de mayo de 1992 interrogó en París a los dirigentes etarras Francisco Múgica Garmendía, conocido como Pakito, y Joseba Aguirre Erostarbe, Fitipaldi, detenidos semanas antes en Bidart, Francia.
También intervino en investigaciones sobre la financiación de ETA y sobre distintas organizaciones vinculadas a su entorno político y social.
Algunas de sus decisiones, especialmente las relacionadas con la investigación de organizaciones políticas, medios de comunicación y asociaciones presuntamente vinculados a ETA, suscitaron controversias jurídicas y críticas sobre los límites de la actuación judicial.
Lucha contra el narcotráfico
Garzón adquirió notoriedad por dirigir grandes investigaciones contra las redes de distribución de drogas en España.En 1990 impulsó la Operación Nécora, una investigación contra organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína en Galicia, especialmente las vinculadas al entorno del empresario Laureano Oubiña y otros grupos de narcotraficantes.
La operación supuso numerosas detenciones y puso de relieve la transformación de antiguas redes de contrabando de tabaco en organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.
En 1991 dirigió la Operación Pitón, relacionada con las actividades del denominado clan de los Charlines.
También investigó presuntas irregularidades y delitos relacionados con agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA).
Estas actuaciones reforzaron su imagen pública como magistrado especializado en investigaciones complejas, aunque determinados métodos y decisiones procesales provocaron críticas entre las defensas y otros juristas.
Entrada en política
El 28 de abril de 1993 solicitó pasar a una situación administrativa que le permitiera participar en las elecciones generales.Se presentó como independiente en las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Madrid, ocupando el segundo puesto detrás del presidente del Gobierno, Felipe González.
Resultó elegido diputado en las elecciones del 6 de junio de 1993.
El 30 de julio de ese año fue nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado.
Desde este puesto coordinó políticas de prevención de drogodependencias, asistencia a personas afectadas y lucha contra el tráfico de estupefacientes.
En diciembre de 1993, el Plan Nacional sobre Drogas pasó a depender del Ministerio del Interior.
Su paso por el Gobierno fue breve. En mayo de 1994 dimitió de sus responsabilidades y renunció al acta de diputado, después de mantener diferencias con Felipe González.
Garzón atribuyó su salida a la falta de respuesta gubernamental ante determinados problemas de corrupción. También se publicaron interpretaciones que relacionaban su dimisión con su frustración por no haber sido nombrado ministro del Interior.
Regreso a la Audiencia Nacional
En mayo de 1994 solicitó su reincorporación a la carrera judicial y retomó la titularidad del Juzgado Central de Instrucción número 5.Su regreso estuvo acompañado por una intensa actividad en investigaciones que afectaban a responsables políticos y miembros de las fuerzas de seguridad.
Una de las más relevantes fue la relacionada con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), responsables de secuestros, asesinatos y atentados durante la llamada guerra sucia contra ETA.
Caso GAL
Las investigaciones judiciales sobre los GAL permitieron esclarecer parte de las actividades de los grupos parapoliciales que actuaron durante la década de 1980.Garzón instruyó diferentes procedimientos sobre secuestros, asesinatos, financiación irregular y utilización de fondos públicos en aquellas operaciones.
El caso adquirió una enorme repercusión política por la implicación de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y responsables policiales.
Entre los condenados en distintos procedimientos figuraron el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, cuyas responsabilidades penales fueron establecidas por el Tribunal Supremo en el caso del secuestro de Segundo Marey.
Los procedimientos sobre los GAL ocuparon durante años una posición central en el debate español sobre la corrupción, el terrorismo de Estado y la responsabilidad de los poderes públicos.
Jurisdicción universal
Una de las principales contribuciones de Garzón a la proyección internacional de la justicia española fue la utilización del principio de jurisdicción universal.Este principio permite, en determinados supuestos previstos legalmente, investigar delitos internacionales especialmente graves aunque se hayan cometido fuera del territorio del Estado que ejerce la jurisdicción.
Garzón impulsó procedimientos relacionados con desapariciones forzadas, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad cometidos durante dictaduras latinoamericanas.
Las investigaciones sobre Argentina y Chile tuvieron especial repercusión por la posibilidad de perseguir judicialmente delitos cometidos durante regímenes militares.
Augusto Pinochet
El 16 de octubre de 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres a petición de las autoridades judiciales españolas, en el marco de una investigación dirigida por Garzón.Pinochet se encontraba en el Reino Unido cuando las autoridades británicas ejecutaron la orden de detención internacional.
Garzón investigaba delitos relacionados con torturas, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar chilena, que gobernó entre 1973 y 1990.
El procedimiento provocó una controversia jurídica internacional sobre la inmunidad de los antiguos jefes de Estado y la competencia de tribunales extranjeros para perseguir determinados delitos.
La Cámara de los Lores británica adoptó resoluciones que limitaron el alcance de la inmunidad alegada por Pinochet respecto a ciertos delitos de tortura.
En marzo de 2000, el Gobierno británico autorizó el regreso del antiguo dictador a Chile por razones médicas, sin que llegara a ser extraditado a España.
El caso se convirtió en una referencia internacional sobre la persecución judicial de crímenes graves cometidos por antiguos gobernantes.
Su importancia histórica no radicó en una condena penal de Pinochet en España, que nunca se produjo, sino en la posibilidad de que una autoridad judicial extranjera solicitara su detención y procesamiento.
Investigaciones sobre el franquismo
En octubre de 2008, Garzón abrió diligencias relacionadas con las desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura de Francisco Franco.El magistrado consideró que algunos de aquellos hechos podían investigarse como crímenes contra la humanidad, dada su gravedad y carácter sistemático.
Su iniciativa permitió dar proyección judicial a las reclamaciones de asociaciones de familiares de desaparecidos, que solicitaban la localización de fosas, la identificación de víctimas y el esclarecimiento de los hechos.
El Ministerio Fiscal cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos delitos. Garzón acabó inhibiéndose en favor de los juzgados territoriales correspondientes.
Su actuación fue objeto de querellas por presunta prevaricación, promovidas por organizaciones como Manos Limpias.
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo absolvió de la acusación de prevaricación relacionada con la investigación de los crímenes del franquismo.
La sentencia consideró que su interpretación jurídica había sido errónea, pero no constitutiva de delito.
Este procedimiento fue distinto del caso Gürtel, por el que había sido condenado días antes.
Caso Gürtel
Garzón fue uno de los primeros jueces instructores del caso Gürtel, una investigación sobre una red de corrupción empresarial y política vinculada a administraciones gobernadas por el Partido Popular.En febrero de 2009 ordenó diversas detenciones y actuaciones judiciales que permitieron descubrir una trama de pagos, contratos irregulares y relaciones entre empresarios y responsables políticos.
Durante la investigación autorizó la intervención y grabación de conversaciones mantenidas en prisión entre varios investigados y sus abogados defensores.
Estas escuchas dieron lugar a una querella contra él por entender que vulneraban el derecho fundamental de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogados y clientes.
Condena por prevaricación
El 9 de febrero de 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó por unanimidad a Baltasar Garzón por delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, relacionados con las escuchas ordenadas durante la investigación del caso Gürtel.El alto tribunal consideró que había autorizado la interceptación de comunicaciones entre personas investigadas y sus abogados sin la cobertura legal necesaria, vulnerando el derecho de defensa.
La sentencia impuso una pena de once años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones judiciales, con pérdida definitiva del cargo que ocupaba.
En cumplimiento de la sentencia, el Consejo General del Poder Judicial acordó su expulsión de la carrera judicial.
Garzón rechazó la condena y sostuvo que sus decisiones pretendían impedir que los investigados continuaran desarrollando actividades delictivas desde prisión.
La sentencia adquirió firmeza y produjo la pérdida de su condición de juez.
En otro procedimiento, relacionado con la financiación de cursos universitarios en Nueva York, el Tribunal Supremo acordó en febrero de 2012 el archivo de la causa por prescripción. Por tanto, tampoco debe confundirse ese procedimiento con la condena del caso Gürtel.
«Soy juez, por tanto, un hombre para el derecho y esclavo de la ley».
Baltasar Garzón
Dictamen de Naciones Unidas
El 13 de julio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un dictamen relativo a los procedimientos judiciales seguidos contra Baltasar Garzón.El organismo concluyó que se habían vulnerado garantías reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre otras cuestiones, apreció dudas objetivamente justificadas sobre la imparcialidad del tribunal y consideró arbitraria e imprevisible la condena impuesta al antiguo magistrado.
También señaló la falta de una segunda instancia judicial para revisar determinados aspectos de la condena.
El Comité solicitó al Estado español medidas de reparación, entre ellas una compensación adecuada y la eliminación de los antecedentes penales derivados del procedimiento cuestionado.
La decisión del organismo internacional fue recibida por Garzón como un respaldo a sus reclamaciones, aunque no produjo automáticamente la anulación de la sentencia española ni su reincorporación a la carrera judicial.
Actividades internacionales
Después de su suspensión y posterior expulsión de la judicatura, Garzón desarrolló una intensa actividad como asesor jurídico, abogado y colaborador de instituciones internacionales.En 2010 fue designado consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
En 2011 colaboró con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia y participó en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
También coordinó una misión internacional de observación de la reforma judicial en Ecuador y colaboró con instituciones de derechos humanos de Argentina.
Entre 2012 y 2016 ejerció responsabilidades relacionadas con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, vinculado a la UNESCO, en Argentina.
Su labor internacional se ha centrado especialmente en la persecución de crímenes contra la humanidad, la jurisdicción universal, la justicia transicional y la protección de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Defensa de Julian Assange
Garzón desempeñó un papel destacado en la coordinación de la defensa jurídica internacional de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.El procedimiento contra Assange tuvo su origen en la publicación de documentos militares y diplomáticos estadounidenses, así como en distintas investigaciones penales y solicitudes de extradición.
Garzón participó en estrategias jurídicas relacionadas con el asilo, la libertad de expresión, el acceso a la información y las garantías judiciales.
En junio de 2024, Assange recuperó su libertad tras alcanzar un acuerdo con la Justicia estadounidense y declararse culpable de un delito relacionado con la obtención y difusión de información de defensa nacional.
Garzón valoró favorablemente su puesta en libertad y mantuvo su defensa de las garantías jurídicas de los periodistas y de las personas que publican información de interés público.
Fundación Internacional Baltasar Garzón
En diciembre de 2011 impulsó la creación de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), una organización privada sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los derechos humanos, la jurisdicción universal, la justicia internacional y la lucha contra la impunidad.La fundación desarrolla actividades formativas, proyectos de investigación, conferencias y programas de cooperación en Europa y América Latina.
Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la memoria democrática, la defensa de las víctimas, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Desde junio de 2023, Garzón ocupa la presidencia de honor de la organización.
Su actividad en FIBGAR se ha combinado con intervenciones públicas sobre conflictos internacionales, democracia y funcionamiento de las instituciones judiciales.
Despacho ILOCAD
Garzón fundó y dirige ILOCAD, siglas de International Legal Office for Cooperation and Development, un despacho de abogados con sede en Madrid.La firma está especializada en Derecho Penal, derechos humanos, cooperación jurídica internacional, litigios complejos y asesoramiento jurídico a empresas y particulares.
El despacho ha intervenido en procedimientos judiciales nacionales e internacionales, especialmente en asuntos relacionados con extradiciones, garantías procesales y protección de derechos fundamentales.
Esta actividad profesional le ha permitido continuar vinculado al ámbito jurídico tras perder su condición de magistrado.
Publicaciones
Además de su carrera judicial y profesional, Baltasar Garzón ha publicado libros de ensayo, memorias y análisis sobre la justicia, la política y los derechos humanos.Entre sus obras figuran Un mundo sin miedo (2005), La línea del horizonte (2008), En el punto de mira (2016), La indignación activa (2018) y Los disfraces del fascismo (2022).
En 2026 publicó La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia, editado por Planeta el 3 de junio.
En este ensayo examinó cuestiones como el auge de movimientos políticos autoritarios, el funcionamiento del Poder Judicial, las denuncias de utilización política de los tribunales, la corrupción y los riesgos para las instituciones democráticas.
También abordó el papel de Estados Unidos en el escenario internacional y diversos conflictos políticos y judiciales contemporáneos.
Las interpretaciones políticas incluidas en estas obras corresponden al autor y forman parte de su actividad como ensayista y comentarista público.
Solicitud de readmisión judicial
En octubre de 2025, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó una solicitud presentada por Baltasar Garzón para revisar los acuerdos que determinaron su expulsión de la carrera judicial en 2012.El exmagistrado fundamentó su petición en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2021, que había considerado vulneradas determinadas garantías judiciales.
El CGPJ sostuvo que no podía dejar sin efecto una sentencia firme del Tribunal Supremo mientras esta no fuese revisada o anulada por los procedimientos legalmente previstos.
Garzón recurrió aquella decisión ante el Tribunal Supremo.
El 27 de mayo de 2026, el alto tribunal anunció la desestimación del recurso. La sentencia, conocida en detalle en junio, confirmó que el CGPJ carecía de competencia para revisar indirectamente una condena penal firme.
El Supremo también estableció que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no constituía por sí mismo un título jurídico suficiente para anular la condena y ordenar la readmisión.
Por tanto, aunque la pena temporal de once años ya había transcurrido, Garzón no recuperó su condición de juez, puesto que la sentencia de 2012 había supuesto la pérdida definitiva del cargo.
Esta distinción resulta esencial: el cumplimiento de la pena temporal de inhabilitación no equivale a la anulación de la condena ni al restablecimiento automático de la condición de magistrado.
Fiscalía y reparación judicial
El 8 de agosto de 2025, la Fiscalía española solicitó al Ministerio de Justicia medidas de reparación a favor de Baltasar Garzón, en relación con el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.Entre las medidas planteadas figuraba la cancelación de antecedentes penales y otras actuaciones destinadas a atender las conclusiones del organismo internacional.
La Fiscalía consideró necesario dar respuesta institucional al dictamen, mientras que las resoluciones judiciales posteriores mantuvieron la vigencia de la condena y de los acuerdos que habían determinado su salida de la carrera judicial.
En octubre de 2026 no se había producido su readmisión como magistrado.
Actividad pública en 2026
Durante 2026, Garzón continuó interviniendo en debates sobre la independencia judicial, la corrupción, los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones españolas.En entrevistas concedidas a diversos medios cuestionó algunas decisiones judiciales y defendió la necesidad de reforzar las garantías de imparcialidad y transparencia.
También participó en encuentros académicos, jornadas jurídicas y actividades relacionadas con la memoria democrática y la jurisdicción universal.
En junio presentó su libro La democracia amenazada, cuyo contenido dio lugar a entrevistas, conferencias y debates sobre la relación entre justicia y política.
En septiembre intervino en programas de RTVE para comentar la situación de los derechos humanos y los desafíos de los sistemas democráticos.
Estas declaraciones reflejaron sus posiciones como jurista y comentarista, sin constituir actuaciones realizadas desde un cargo judicial.
Defensa de Fergie Chambers
Durante 2026, Baltasar Garzón participó en la defensa jurídica del activista estadounidense James Fergie Chambers, detenido en Ibiza en julio a petición de las autoridades de Estados Unidos.Chambers, conocido por su apoyo a organizaciones vinculadas a la causa palestina, afrontaba un procedimiento de extradición relacionado con acusaciones penales formuladas en su país.
El equipo jurídico encabezado por Garzón sostuvo que las actuaciones contra su defendido tenían una motivación política relacionada con sus posiciones sobre el conflicto palestino-israelí.
Las autoridades estadounidenses mantuvieron acusaciones vinculadas a presuntos delitos económicos y alteraciones del orden público.
En septiembre, la defensa solicitó a la Audiencia Nacional que rechazara la extradición y reclamó la protección de los derechos del investigado.
El 23 de octubre de 2026, sus abogados denunciaron que la entrega del teléfono móvil de Chambers a las autoridades estadounidenses había afectado a sus garantías de defensa y al carácter confidencial de determinadas comunicaciones.
Las alegaciones de persecución política corresponden a la defensa. Su existencia no implica que un tribunal hubiera establecido judicialmente tal persecución.
Defensa del voto de los nacionalizados por la ley de nietos
En octubre de 2026, el despacho ILOCAD intervino en una controversia relacionada con el derecho de voto de ciudadanos españoles residentes en el extranjero que habían obtenido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos.El Tribunal Supremo había acordado medidas cautelares que afectaban a la inclusión de determinados nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), mientras se examinaba la legalidad de una instrucción administrativa sobre los requisitos para reconocer la condición de descendiente de exiliados.
La decisión afectaba a aproximadamente 163.020 electores, según las informaciones publicadas durante octubre de 2026.
El despacho de Garzón sostuvo que la suspensión cautelar del derecho de sufragio vulneraba las garantías constitucionales de participación política, igualdad y tutela judicial efectiva.
El 22 de octubre de 2026 se informó de la personación de tres ciudadanos afectados ante el Tribunal Supremo mediante la representación jurídica de ILOCAD.
El 23 de octubre, el despacho anunció la presentación de un incidente excepcional de nulidad de actuaciones, solicitando que el alto tribunal revisara sus medidas cautelares.
La controversia se producía ante las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
El asunto continuaba pendiente de resolución definitiva. Las afirmaciones relativas a vulneraciones de derechos constituían argumentos de la defensa, no conclusiones judiciales firmes.
Durante esos días también circularon mensajes falsos que atribuían al despacho una campaña general de representación jurídica gratuita contra una supuesta retirada de nacionalidades. ILOCAD desmintió aquellos anuncios y aclaró que el procedimiento real se refería al ejercicio del derecho de voto.
Últimas noticias: octubre de 2026
En los días anteriores al 26 de octubre de 2026, la actividad profesional de Baltasar Garzón estuvo relacionada principalmente con la defensa de los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar del sufragio exterior y con el procedimiento de extradición de James Fergie Chambers.En ambos asuntos, el despacho que dirige defendió la necesidad de aplicar las garantías jurídicas previstas en la legislación española y en los tratados internacionales.
Sus actuaciones se desarrollaron paralelamente a su actividad como conferenciante, escritor y colaborador de iniciativas de derechos humanos.
Al cumplir 71 años el 26 de octubre de 2026, Garzón continuaba ejerciendo como abogado y director de ILOCAD. La condena dictada en 2012 seguía siendo firme y el Tribunal Supremo había rechazado ese mismo año su pretensión de recuperar la condición de juez.
Parejas e hijos
En noviembre de 1980 contrajo matrimonio con María Rosario Molina Serrano, con quien tuvo tres hijos: María, Baltasar y Aurora.El matrimonio se divorció años después.
Posteriormente mantuvo una relación con la fiscal Dolores Delgado García, que fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020 y fiscal general del Estado entre 2020 y 2022.
La relación sentimental de ambos se hizo pública en 2020, aunque se conocían profesionalmente desde la década de 1990.
El 3 de diciembre de 2023 contrajeron matrimonio civil en una ceremonia privada.
En mayo de 2024 celebraron su enlace con familiares y amigos en la finca La Cetrina, situada en la provincia de Jaén.
Reconocimientos
Baltasar Garzón ha recibido numerosos reconocimientos académicos y distinciones relacionadas con su trayectoria jurídica.Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y por diversas universidades extranjeras, especialmente de Europa y América Latina.
También ha participado en congresos y encuentros internacionales sobre derechos humanos, justicia penal y cooperación jurídica.
Su trayectoria ha suscitado tanto reconocimientos por su intervención en investigaciones de delitos internacionales como críticas por determinadas decisiones judiciales y su interpretación de los límites de la jurisdicción penal.
Su figura ocupa un lugar destacado en el debate español e internacional sobre la independencia de los jueces, la jurisdicción universal y la responsabilidad de los tribunales ante los derechos fundamentales.
«La peste está ahí, pero no la del coronavirus, sino la del fascismo».
Baltasar Garzón
Resumen
Baltasar Garzón Real, nacido el 26 de octubre de 1955 en Torres, Jaén, es un jurista español que fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Alcanzó notoriedad por sus investigaciones sobre ETA, narcotráfico, terrorismo de Estado, corrupción y crímenes contra la humanidad, especialmente por la orden internacional que permitió detener a Augusto Pinochet en Londres en 1998.
Entre 1993 y 1994 participó brevemente en política como diputado independiente en las listas del PSOE y delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Tras regresar a la judicatura, continuó instruyendo procedimientos de gran repercusión pública. En 2012 fue condenado a once años de inhabilitación por las escuchas del caso Gürtel y perdió definitivamente su cargo judicial. Ese mismo año fue absuelto en la causa por investigar los crímenes del franquismo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionó en 2021 las garantías del proceso que condujo a su condena, pero el Tribunal Supremo rechazó en 2026 su solicitud de readmisión en la carrera judicial. Desde su salida de la judicatura ha desarrollado actividades como abogado internacional, defensor de derechos humanos, fundador del despacho ILOCAD y promotor de FIBGAR. En octubre de 2026 continuaba ejerciendo la abogacía y participando en procedimientos sobre extradiciones y derechos fundamentales.
Cargos
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional
29 de enero de 1988 - febrero de 2012
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010. En servicios especiales durante su etapa política de 1993-1994.
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
31 de julio de 1993 - 13 de mayo de 1994
Diputado del Congreso por Madrid
Junio de 1993 - mayo de 1994
Consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
Desde mayo de 2010
Consultor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia
Desde mayo de 2011
Miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
2011-2012
Coordinador de la Veeduría Internacional de la Reforma Judicial en Ecuador
2011-2013
Presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en Argentina
2012-2016
Fundador de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
2011
Presidente de honor de FIBGAR
Desde junio de 2023
Fundador y director del despacho jurídico ILOCAD
En ejercicio en octubre de 2026
Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
Desde 2019
Fuentes
- Baltasar Garzón: biografía y trayectoria profesional.
- RTVE: absolución en la investigación de los crímenes del franquismo, 2012.
- Naciones Unidas: dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso Garzón, 2021.
- Agencia EFE: rechazo de su readmisión judicial, mayo de 2026.
- Editorial Planeta: La democracia amenazada, 2026.
- Europa Press: actuaciones del despacho ILOCAD en octubre de 2026.
